martes, 2 de agosto de 2011

Discapacidad y empleo: Por el derecho a ser explotados



Por Eduardo Joly, sociólogo, usuario de silla de ruedas, Presidente de Fundación Rumbos
El no trabajar es, tal vez, la mejor definición de lo que significa ser discapacitado[1]
Las empresas son máquinas de producir ganancias. Su objetivo es el lucro. Para que las empresas den nacimiento a nuevos puestos de trabajo, es necesario que el crear empleos sea lucrativo”  [2]
Bajo diferentes gobiernos, orientaciones y políticas económicas, la negativa al empleo de personas con discapacidad (de acá en adelante PCD) constituye, en Argentina, un denominador común de décadas. Ni en épocas de creación de puestos laborales se constata la contratación de PCD. Aún existiendo legislación nacional sobre cupo laboral desde 1981, antidiscriminatoria desde 1988 y mandatos constitucionales específicos sobre derechos humanos desde 1994, estas normativas no se aplicaron.
Igual suerte han corrido las leyes de accesibilidad urbana, edilicia y en el transporte. Más aún, el Poder Ejecutivo rechaza todos los reclamos de las PCD cuando estas acuden a las cortes para hacer valer sus derechos, demostrando que su política es no emplear a PCD ni brindarles condiciones de vida inclusivas.
Según Isabel Ferreira, abogada a cargo de discapacidad en la Defensoría del Pueblo porteña, y usuaria de silla de ruedas desde la epidemia de polio, “Podríamos concluir que la legislación no es más que una demagógica expresión de deseos que, como tal, es impunemente violada por los gobernantes de turno una y otra vez. La estrategia de judicializar la definición e implementación de políticas públicas revela la ausencia o inoperancia de éstas y explica por qué las PCD tienen que intervenir para que éstas políticas estén en la agenda del Estado”.
Para Marcelo Morgenstern,[3] torturado hasta quedar ciego en la última dictadura, “Se trata del derecho a ganarse la vida, de imponerse como trabajadores a quienes detentan el poder político y económico, con un planteo que ataque la raíz misma del problema de la desocupación y la precariedad laboral de los sectores vulnerados”.
Protagonistas de su devenir
En Argentina, las asociaciones vinculadas a la discapacidad, habitualmente dirigidas por personas sin discapacidad, han orientaron su accionar a cuestiones asistenciales, casi siempre focalizadas en lo médico. No es casual, ya que la discapacidad suele ser concebida como una enfermedad y las PCD percibidas como pacientes crónicos necesitados de atención de por vida. Así, los agrupamientos han sido por tipo de discapacidad (sordos, ciegos, motores, mentales, etc.).
El primer salto conceptual se dio en los 70, al crearse el Frente de Lisiados Peronistas. Esta agrupación incorporó la defensa de los derechos de las PCD como política reivindicatoria. Por respuesta, la Triple A y la dictadura secuestraron, torturaron y desaparecieron a muchos de sus militantes. Durante el régimen militar, se creó la Corporación Argentina de Discapacitados bajo la tutela de la entonces Directora Nacional de Rehabilitación que impulsó legislación sobre discapacidad. La única ley derivada de dicha normativa que se reglamentó y cumplió con fluidez concierne la importación de vehículos para discapacitados, beneficiando especialmente a los de clase media alta.
En 1998 surgió REDI –Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad– integrada por personas con las más diversas discapacidades, y allegados, que accionaron en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que los ascensores fueran accesibles a usuarios de sillas de ruedas. Una ordenanza obligaba al recambio de las puertas tijeras, dejando a muchos encerrados en sus casas, o imposibilitados de acceder a sus trabajos, visitar a familiares, acudir a su rehabilitación. Daniel usa una silla de ruedas supercompacta que le permite maniobrar en espacios mínimos. Pero han reemplazado las puertas tijeras del ascensor por otras que impiden su ingreso. Daniel no podrá subir a las oficinas de su cliente, quien sorprendido y contrariado recurre a otro proveedor. En tanto las condiciones de accesibilidad no sean resueltas, Daniel pierde su principal fuente de ingresos”.[4] Bajo presión, el gobierno de De La Rua se sentó a consensuar una solución y la legislatura porteña aprobó una ley que obligó a garantizar la accesibilidad preexistente.
A partir de entonces, REDI incorporó un conjunto de reclamos sectoriales, a saber transporte público accesible, reglamentación y cumplimiento del cupo laboral, y la recuperación de los fondos de la ley de cheques para programas en discapacidad (ante su ilegal derivación al presupuesto general de la Nación). También extendió su reclamo de accesibilidad a todo el espacio urbano y edilicio, logrando modificar el Código de Edificación porteño y tomando dicha experiencia para lanzar una campaña nacional a favor de ciudades accesibles.
Según Carolina Buceta, psicóloga, ciega y presidente de REDI, “Fuimos descubriendo que nuestras reivindicaciones afectaban negociados y pactos que involucraban a empresarios, a funcionarios de gobierno e incluso a dirigentes sindicales. Reconocimos que nuestra problemática no estaba aislada de cuestiones políticas y económicas más amplias y que nuestros reclamos básicos confluían con los de otras organizaciones sociales de desocupados y de quienes se encuentran estructuralmente excluidos del sistema productivo. Así fue que a partir de la crisis del 2001 acuñamos ‘Integrarnos en las luchas para luchar por nuestra integración’ como nuestro slogan”.
REDI convocó a organismos de derechos humanos (APDH, CELS, Universidad Popular de Madres), logrando su adhesión a reclamos puntuales y a veces actuando en conjunto. La crisis de 2001 expuso la estrechísima relación entre discapacidad y pobreza, y permitió que REDI estableciera vínculos con el Foro Social de Salud, la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados y con las Asambleas Barriales que surgieron en la época del “que se vayan todos”.
Para Facundo Chávez Penillas, abogado, usuario de silla de ruedas y secretario de REDI, “Estas relaciones nos ayudaron a romper con la tradicional imagen y tendencia a conformar guetos en discapacidad y a reafirmar nuestro necesario protagonismo en la definición de políticas públicas y programas que nos afectan, y en hacer valer el concepto de ‘nada sobre nosotros sin nosotros’. De hecho, en la conducción de REDI hay personas con las más diversas discapacidades. Esto, sumado a nuestra independencia económica, nos permite sostener planteos críticos ante el Estado, las empresas y los organismos internacionales, y explica nuestro lugar como referente en discapacidad en el país”.
Desempleados crónicos
Lo que mejor caracteriza a las PCD es su condición de desempleados crónicos. Podría decirse que constituye su “enfermedad” en común, al margen de las limitaciones discapacitantes que tengan los individuos.
Para la OIT, el 80% de las PCD están desempleadas.[5] El Ministerio de Trabajo de la Nación reconoce que como máximo 1 de cada 10 PCD tiene trabajo, y que el cupo laboral destinado a PCD en dependencias gubernamentales nacionales no alcanza al 1%, cuando por ley debiera ser el 4%.
Con la notable excepción de las PCD de clase alta o media alta, la abrumadora mayoría sobrevive sin trabajo, gracias a la caridad social sostenida: en primer lugar por sus familias empobrecidas aún más por la presencia de una PCD en el hogar (un ingreso menos y gastos extraordinarios de atención), en segundo lugar por las mínimas prestaciones sociales del Estado (cuando estas personas y sus familiares tienen conocimiento de que existen y logran que el Estado se las otorgue), en tercer lugar por la limosna, y finalmente por lo que les llega desde instituciones caritativas y religiosas.
Cuando excepcionalmente las PCD consiguen un empleo, la remuneración suele ser muy inferior a la que perciben personas sin discapacidad y las condiciones laborales tienden a ser peores. En muchos casos, el trabajo incluso no es remunerado.
Facundo Ferro, 27 años, con discapacidad mental leve, cuenta: “Sólo consigo pasantías no pagas en ONG; fotocopias, cadetería, archivo. Nadie me efectiviza. Para el equipo de básquet en silla de ruedas asisto al entrenador. Pero no veo un centavo. Todos prometen, nadie cumple”.
El desempleo y la discriminación remunerativa se verifica internacionalmente, a medida que la orientación general de los principales Estados desarrollados, extensible a los subdesarrollados, va en detrimento de las conquistas sociales de la última posguerra (jubilatorios, servicios sociales, salud y educación pública, pérdida de estabilidad laboral y precarización del empleo).[6]
Según Haveman y Wolfe, comentando para EEUU:[7] “...el vinculo...al mercado laboral es más débil que para las personas sin discapaci­dad” “...la tasa de pobreza de PCD en edad laboral en EEUU (30% a inicios de los 90) es tres veces mayor a la de personas ...sin disca­pacidad“Entre 1972 y 1987 los ingresos promedio de PCD hombres bajó de [US dólares anuales] $19.000 a poco mas de $11.000,[8] y de unas tres cuartas partes de los ingre­sos de las personas sin discapacidad a la mitad”. Esta realidad se agudizó aún más entre hombres negros y entre mujeres.
Según Houtenville,[9] la tasa comparativa de empleo y de ingresos de PCD bajó dramáticamente de 1980 al 2000, deduciéndose que las PCD se ven más afectadas que otras en períodos de alto desempleo.
Para la OIT:[10] “Las PCD experimentan...prejuicios en cuanto a su productividad o incluso la exclusión del mercado laboral. Se enfrentan...a la discrimi­nación en...la contratación. (...) En Francia se constata que menos de un 2% de aquellos que han hecho mención de una discapacidad en el CV han sido convocados para una entrevista. Las PCD son contratadas principalmente a través de agencias de trabajo temporal, para...minimizar los riesgos de los empleadores”. Más aún, “Las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de encontrar trabajo y más probabilidades de sufrir violencia física y abuso sexual”. La OIT también destaca que En Europa, el 52 por ciento de las personas gravemente discapacitadas no forma parte de la fuerza de trabajo”, “En el Reino Unido...en 2005...dos tercios de las PCD que estaban desempleadas declararon desear trabajar pero no encontrar...trabajo”, “La diferencia de salario de las mujeres con discapacidad en Australia es superior en un 44% al de aquellas que carecen de ella. En el caso de los hombres, dicho porcentaje es del 49%, además de que la discapaci­dad tiene una influencia directa en el bajo nivel de los salarios”.
Su lugar en la historia
Hecha la salvedad de que siempre hubo personas con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas, un análisis histórico revela que fue variando el lugar que ocuparon dichas personas en los distintos modos en que las sociedades organizaron sus sistemas de producción.[11] Bajo la esclavitud, se trabajaba sano, enfermo o lesionado, hasta morir; y luego se era reemplazado. Las tareas eran manuales, sencillas, de esfuerzo físico.[12] En el feudalismo, los siervos trabajaban para su subsistencia y entregaban al señor una parte importante de su producción. Quienes tuvieran alguna limitación, contribuían en lo que podían a la economía familiar; algunos desplegaban habilidades artesanales.
Con el advenimiento de la industria, que demandó una división técnica del trabajo y sentó las bases para el modo de producción capitalista, surgió el empleo de la fuerza de trabajo a cambio de un salario. Una relación en la cual los propietarios de los medios de producción procuraron contratar sólo a quienes consideraban capaces de realizar tareas repetitivas, durante largas horas de trabajo, en condiciones que en un principio demostraron ser infrahumanas. Fue en este contexto que surgió el concepto de discapacidad como incapacidad para realizar trabajo productivo, o sea incapacidad para ser explotados y producir ganancias para los empresarios.[13]
Este sistema requiere que los trabajadores no sólo generen un valor equivalente a su salario, sino que además generen un plusvalor mediante un tiempo de trabajo excedente que se convertirá en las ganancias capitalistas. Para incrementarlas, el capitalista procura que la mayor parte de la jornada laboral consista en trabajo excedente, lográndolo por diversos medios: extendiendo la jornada, aplicando desarrollos tecnológicos, imponiendo ritmos más acelerados de producción, pagando los salarios más bajos posibles. Si un empresario sospecha que un trabajador es incapaz de satisfacer estas condiciones, lo descartará como inservible. El enriquecimiento de unos pocos se erige pues sobre el empobrecimiento de muchos.
Con el desarrollo del capitalismo, entonces, surge un sector de la población en el que convergen pobreza y discapacidad. A él fluyen no sólo quienes no pueden ingresar a la fuerza de trabajo como asalariados, sino también quienes son expulsados de la fuerza de trabajo producto de lesiones y enfermedades, adquiridas trabajando o por condiciones de vida paupérrimas, de hacinamiento, de desnutrición.
En 1998, en plena época de precarización laboral, se denunció el calvario sufrido por jóvenes operarias en una empresa de autopartes del Gran Buenos Aires: “En pocos meses, se les hinchan las manos, padecen tendinitis, se las infiltra como a jugadores de fútbol para que sigan trabajando y terminan yendo a cirugía. Una de ellas, de 20 años, ya fue operada dos veces y, según sus abogados y el sindicato, quedó virtualmente excluida de por vida del mercado de trabajo”. Otras 20 operarias corrieron igual suerte.[14]
Cuando un trabajador se discapacita, el empleador lo induce a jubilarse por invalidez. Pretende que la familia y el Estado se hagan cargo de quien ha perdido sus plenas facultades productivas. Esta negación del derecho a seguir ganándose la vida trabajando devela el sentido de la discapacidad y permite explicarse por qué las PCD en edad laboral no consiguen empleo, a pesar de las leyes de cupo laboral y de los estímulos económicos para empleadores.
Este doble movimiento de exclusión y expulsión ubica a la discapacidad como condición de no-explotación o, en ocasiones, de superexplotación. Al respecto, Ana Dones, directiva de un taller protegido de producción, estima que “de los 300 talleres en el país, que concentran a más de 10.000 trabajadores con retraso mental, cerca del 50% trabajan subcontratados por empresas privadas, cobrando menos de 1/3 del salario mínimo. Cobran $100 por trabajo realizado en jornada completa más $150 por subsidio de un plan trabajar.” Un caso de superexplotación viabilizado con aportes del Estado que hace ya 8 años dilata una ley que regularizaría la situación de estos trabajadores.
Así, los trabajadores con discapacidad se suman a la gran masa de desocupados crónicos y las PCD en edad laboral a la gran masa de excluidos del sistema productivo. Y esta población se incrementa gracias a la producción de discapacidades que podrían ser evitables si prevaleciera una adecuada nutrición fetal e infantil, vacunas, atención temprana, seguridad e higiene en el trabajo, protección del medio ambiente, entre otros. Vale señalar las peores condiciones que se vienen produciendo en el entorno físico laboral, estimuladas por una legislación de accidentes laborales que desprotege al trabajador y hace que sea más económico indemnizarlo por discapacidad, o a su familiar en caso de muerte, que tomar medidas preventivas.
En otras palabras, este sistema produce pobreza y discapacidad y una dinámica en la cual la pobreza discapacita y la discapacidad empobrece aún más.
La educación como palanca
Según el INDEC,[15] una de cada 3 PCD no ha accedido al umbral mínimo de educación versus una de cada 10 para la población total. Sólo el 17,8% de las PCD terminaron sus estudios secundarios versus el 37,1% para la población total. El 9% de las PCD no saben leer o escribir versus el 2% para la población total. Y el porcentaje de analfabetismo es particularmente alto entre quienes pudieran ingresar al mercado laboral: 20,9% entre PCD de 15 a 29 años versus 0,8% para la población total.
Un estudio reciente sobre educación inclusiva y accesibilidad en Argentina analizó las dificultades que enfrentan padres para inscribir a sus hijos con discapacidad motriz, sin compromiso cognitivo o intelectual, en escuelas comunes. Los recorridos Kafkaianos que llevan a callejones sin salida y la derivación a escuelas especiales conllevan el mensaje implícito de desinterés por educarlos en serio para una inserción laboral a futuro.[16]
Todo esto conlleva a que las PCD llegan a su edad laboral sin contar con los recursos necesarios para ser considerados como trabajadores, para conservar un trabajo, o crecer en él cuando excepcionalmente se les ofrece la oportunidad. Sin embargo, también puede suceder que la persona con discapacidad llegue culturalmente formada para el trabajo, y con las competencias necesarias, pero que estás últimas no sean reconocidas y se le asignen tareas que desmerezcan su preparación previa. O que sencillamente no se la tenga en cuenta, presumiendo que su trabajo no será rentable.
De lo formal a lo real
Dardo López es sordo; lee labios y habla perfectamente. “Quería ser óptico. Me recibí en la UBA. Tuve algunas entrevistas, inclusive en esa cadena de ópticas en los shopping. Pero nadie me empleaba. En el fondo, desconfiaban de que pudiera hacer lentes, y de que pudiera entenderme con los clientes. Me resultó chocante. ¿Acaso mi título no vale? Además, recorrí Europa y me las rebusco en inglés, francés e italiano. Hasta me pude manejar en Suecia y Finlandia. ¿Entenderme con los clientes? ¡Por favor!” Inflexibilidad y prejuicios impidieron que demostrara su capacidad.
Según Haveman y Wolfe, “...la discapacidad atañe características...que o bien limitan las actividades cotidianas normales o producen una reducción sustancial en productividad laboral”. El criterio habitual concierne la habilidad de realizar las tareas de una ocupación común y corriente, es decir, la habilidad de realizar suficiente trabajo como para “ganarse la vida”. “El foco es en la habilidad de las personas con limitaciones físicas o mentales de ajustarse (adecuarse) al entorno laboral”.
A pesar de los paradigmáticos reclamos por accesibilidad, aún no prevalece la noción de que el entorno deba adecuarse a los trabajadores, sino todo lo contrario, de lo cual se desprende: si no pueden adecuarse, no pueden trabajar. La igualdad de oportunidades pasa por brindar la oportunidad de postularse a un empleo pero sin crear las condiciones laborales para que la persona concreta pueda realizar la tarea que dicho empleo demandará. La falencia sería del trabajador y no del empleador. Pero en este sistema de producción, el trabajador sólo puede ofrecer su trabajo, mientras que el empleador le ofrece, para que trabaje, los necesarios medios de producción, incluyendo las condiciones de producción.
Según la Arq. Silvia Coriat, “La legislación más avanzada en accesibilidad introduce el concepto de ‘ajustes razonables’. Pero su definición, esencialmente económica, lleva a que su aplicabilidad concierna una decisión empresaria basada en criterios de inversión rentable, o del empleador estatal ceñida a partidas presupuestarias. Un derecho supuestamente ‘caro’ termina siendo un no-derecho”.
Sin embargo, queda por responder por qué el Estado mismo incumple los cupos laborales que estipulan sus leyes, pese a no tener formalmente la necesidad de lucrar con el trabajo de sus empleados. Tal vez porque el Estado, en su adscripción a la ideología imperante, prioriza su función como aseguradora del funcionamiento del sistema. Si cumpliera con el cupo, pondría en evidencia la capacidad de las PCD de realizar una función productiva y así avalaría la extensión de sus reclamos a los demás sectores de la economía. Es usual que funcionarios de gobierno respondan “Si lo contratamos a él, ¿qué les decimos a los demás?” Con lo cual, la igualdad de oportunidades se convierte en una quimera: anotarse en “Registros de Aspirantes”, pero sin que se concrete la contratación. La noción de igualdad de oportunidades pretende poner en igualdad de condiciones a trabajadores para que compitan por empleos escasos, encubriendo el hecho de que el poder de decisión acerca de si se crean o no oportunidades y a quién se emplea para cubrirlas, radica en los empresarios y empleadores del Estado. Los trabajadores no tienen poder alguno de decisión al respecto. La igualdad de oportunidades encuentra su límite en la ausencia de empleos disponibles para las PCD.[17]
Cuando se simulan vacantes, las definiciones de idoneidad y la ausencia de programas de capacitación puntuales para adquirir o reforzar dicha idoneidad en el ejercicio del trabajo, sirven para obstaculizar la contratación de PCD.
Una solución posible
En el largo plazo, según el economista Marcelo Ramal,[18] “Podemos postular que la compatibilidad entre discapacidad y trabajo exigirá abolir las relaciones sociales fundadas en la apropiación de trabajo excedente. Podría destacarse también que el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo han creado las premisas para superar las limitaciones de la discapacidad frente al trabajo. Se ha señalado que tanto hombres como mujeres, a pesar de su condición física, sensorial e inclusive intelectual, se igualan frente al monitor de una computadora como instrumento de trabajo (a saber, programas de lectura para ciegos y de escritura para quienes no pueden usar sus manos). El mismo régimen social que condena a las PCD al desempleo ha creado las condiciones para su igualación frente al trabajo, pero para ello, estas personas deberán emanciparse de su carácter de productores de plusvalía, es decir, de ganancias para otros”.
El derecho a ganarse la vida trabajando debiera garantizarse para todos, al margen de que puedan o no generar dicha plusvalía. No todos, tengan o no discapacidad, despliegan la misma capacidad productiva, dependiendo ello no sólo de características personales sino también de las condiciones en que trabajan, incluyendo los medios técnicos puestos a su disposición. Si no tuvieran que generar ganancias para otros, las PCD podrían acceder masivamente al empleo. Bastaría con que pudieran aportar a la producción social desde sus capacidades aunque estas fueran limitadas.
En el corto plazo, las organizaciones de PCD podrían focalizar esfuerzos –a través de los sindicatos– en impedir que empleadores (públicos y privados) sigan expulsando a trabajadores que se discapacitan; y en obligar a que se cumpla, en ambos sectores de la economía, con la contratación mandatoria de las PCD inscriptas en los registros de aspirantes y bolsas de trabajo, tal como lo establece la legislación vigente. A su vez, el Estado debiera asegurar que las remuneraciones no sean inferiores a la canasta básica familiar, imprescindible para comenzar a romper el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza.




[1] Business Week, National Organization on Disability Survey of Americans with Disabilities30-05-1994.


[2] Eduardo Conesa, “Atraso Cambiario, Deuda Externa y Desempleo. El Caso Argentino”, Anales AAEP, 1997 www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf/conesa.pdf


[3] Fue secretario de la REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad); dirigió la cátedra de DDHH y Discapacidad en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Falleció en 2002.


[4] Relatado en Coriat, Silvia: Lo Urbano y lo Humano: Hábitat y Discapacidad, Buenos Aires, Universidad de Palermo, Fundación Rumbos, 2002.


[5] La OIT lanza el primer informe global sobre discriminación en el trabajo, 12-05-03, www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang-es/WCMS_071447/index.htm


[6] Noam Chomsky, Class Warfare: Interviews with David Barsamian, Common Courage Press, Maine, 1996.


[7] Robert Haveman y Barbara Wolfe, The economics of disability and disability policy, University of Wisconsin, 1999.


[8] Ambas cifras están por debajo del nivel de pobreza para EE.UU.


[9] Andrew Houtenville, Economics of Disability Research Report #4, Cornell University, 2001.


[10] OIT, Discriminación por razones de discapacidad, Resumen analítico, Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, Trabajar en Libertad. www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.DOWNLOAD_BLOB?Var_DocumentID=6814


[11] Michael Oliver, “Disability and the Rise of Capitalism” en The Politics of Disablement, London, The MacMillan Press, 1990.


[12] José Andrés-Gallego, La esclavitud en la América española, Ediciones Encuentro y Fundación Ignacio Larramendi, Madrid, 2005. Eric Williams, Capitalism and slavery, Andre Deutsch, Londres, 1964. Eugene Genovese, The political economy of slavery, Vintage Books, Nueva York, 1967.


[13] Marta Russell, The political economy of disablement, Dollars and Sense, Boston, 2002.


[14] http://www.pagina12.com.ar/1998/98-09/98-09-14/pag15.htm


[15] INDEC, CONADIS, La población con discapacidad en la Argentina, Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, 2005, pp.120-135.


[16] Silvia Coriat, Educación Inclusiva y Accesibilidad en Argentina, Buenos Aires, Fundación Rumbos, 2005.


[17] Marta Russell, What Disability Civil Rights Cannot Do: Employment and Political Economy, Disability & Society, vol.17, Nº 2, Routledge Press, Londres, 2002.


[18] Profesor de Organización Industrial, Facultad de Ciencias Económicas, UBA.



Fuente: Publicado en Le Monde Diplomatique (El Dipló), Edición Cono Sur, Octubre 2008, Año X, Número 112, páginas 34-36


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