Descripción de la imagen: niño jugando en la hamaca
Los familiares de personas con capacidades diferentes lograron el objetivo por el que vienen luchando desde hace 13 años: la adhesión de Mendoza a la Ley 24.901, una norma nacional que garantiza la cobertura integral de las prestaciones para cualquier dificultad motriz, mental o sensorial. Si bien los diputados avalaron el proyecto de forma unánime, todavía falta la aprobación del Senado, aunque para eso habrá que esperar que asuman los nuevos legisladores.
La fuerte presión mediática generada por la presencia del equipo del programa de TV porteño Caiga quien caiga fue determinante para que la Cámara Baja consensuara una única iniciativa, que fue debatida en apenas dos horas.
Además de la adhesión a la legislación nacional, el texto aprobado obligará a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) a afiliar a cualquier persona que cumpla con los requisitos de ingreso, aun si posee algún tipo de discapacidad. Y también a mantener bajo su órbita a los hijos mayores de 21 años con alguna discapacidad, siempre que presenten un certificado.
La redacción exige a los jueces el aporte a la prestadora de los estatales y no como ahora, que aún es optativo.
En este punto, el Gobierno no descarta juicios de magistrados contra el Estado provincial, usando como argumento la intangibilidad de sus haberes. Es que el vicegobernador electo, Carlos Ciurca, admitió esta posibilidad al decir que “si alguno no se atiene a la ley, deberá reclamar por vía judicial”.
El aspecto central del proyecto que en los últimos meses reunió más resistencias es que la adhesión implicaría desfinanciar las obras sociales y que el mayor problema era cómo hacer frente al pago de las prestaciones. Sin embargo, el oficialismo salió a explicar ahora que habrá recursos que llegarán del Fondo Compensador Solidario, contemplado en la Ley 24.901 a la que adherirá Mendoza.
Pero mientras el Estado provincial tramita ante la Nación ese financiamiento, el Ejecutivo incluirá en el Presupuesto 2012 una partida de $30 millones. A esto habrá que agregar “un monto para fortalecer la red asistencial de efectores públicos”, tal como aclaró Ciurca.
La mayoría de los familiares de discapacitados que comenzaron a reunirse desde muy temprano en la puerta de la Legislatura estaba integrada por mujeres que vienen luchando para que sus hijos accedan a la cobertura integral de las prestaciones.
Todas sabían que la presencia en Mendoza del notero de CQC Gonzalo Rodríguez de hace dos semanas era fundamental para la aprobación y así lo manifestaron algunas.
“¿Cómo puede ser que tengan que venir de Capital Federal y otras provincias para que esto salga?”, se preguntaba en la puerta de la Casa de las Leyes Ana Herrera de Ramírez, quien estaba junto con su hija María Isabel (37), quien sufre una discapacidad motriz.
Minutos antes de las 12, los diputados ingresaron en el recinto para debatir el proyecto, ante la presencia de familiares y futuros beneficiarios de la norma nacional. Aunque Ciurca también estuvo en la sesión y hasta se sentó en una banca para escuchar los discursos de los 15 legisladores que hablaron.
La exposición (no hubo debate, porque la postura fue unánime) duró dos horas. La aprobación marcó el momento más emotivo de la jornada y provocó el llanto de la mayoría de las madres, quienes ahora esperan que el Senado imite a Diputados.
Fuente: Diario Uno.
Además de la adhesión a la legislación nacional, el texto aprobado obligará a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) a afiliar a cualquier persona que cumpla con los requisitos de ingreso, aun si posee algún tipo de discapacidad. Y también a mantener bajo su órbita a los hijos mayores de 21 años con alguna discapacidad, siempre que presenten un certificado.
La redacción exige a los jueces el aporte a la prestadora de los estatales y no como ahora, que aún es optativo.
En este punto, el Gobierno no descarta juicios de magistrados contra el Estado provincial, usando como argumento la intangibilidad de sus haberes. Es que el vicegobernador electo, Carlos Ciurca, admitió esta posibilidad al decir que “si alguno no se atiene a la ley, deberá reclamar por vía judicial”.
El aspecto central del proyecto que en los últimos meses reunió más resistencias es que la adhesión implicaría desfinanciar las obras sociales y que el mayor problema era cómo hacer frente al pago de las prestaciones. Sin embargo, el oficialismo salió a explicar ahora que habrá recursos que llegarán del Fondo Compensador Solidario, contemplado en la Ley 24.901 a la que adherirá Mendoza.
Pero mientras el Estado provincial tramita ante la Nación ese financiamiento, el Ejecutivo incluirá en el Presupuesto 2012 una partida de $30 millones. A esto habrá que agregar “un monto para fortalecer la red asistencial de efectores públicos”, tal como aclaró Ciurca.
La mayoría de los familiares de discapacitados que comenzaron a reunirse desde muy temprano en la puerta de la Legislatura estaba integrada por mujeres que vienen luchando para que sus hijos accedan a la cobertura integral de las prestaciones.
Todas sabían que la presencia en Mendoza del notero de CQC Gonzalo Rodríguez de hace dos semanas era fundamental para la aprobación y así lo manifestaron algunas.
“¿Cómo puede ser que tengan que venir de Capital Federal y otras provincias para que esto salga?”, se preguntaba en la puerta de la Casa de las Leyes Ana Herrera de Ramírez, quien estaba junto con su hija María Isabel (37), quien sufre una discapacidad motriz.
Minutos antes de las 12, los diputados ingresaron en el recinto para debatir el proyecto, ante la presencia de familiares y futuros beneficiarios de la norma nacional. Aunque Ciurca también estuvo en la sesión y hasta se sentó en una banca para escuchar los discursos de los 15 legisladores que hablaron.
La exposición (no hubo debate, porque la postura fue unánime) duró dos horas. La aprobación marcó el momento más emotivo de la jornada y provocó el llanto de la mayoría de las madres, quienes ahora esperan que el Senado imite a Diputados.
Fuente: Diario Uno.
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