viernes, 24 de febrero de 2012

Agrotóxicos y discapacidad, relación segura


Descripción de la imagén: hombre fumigando en el campo.
Los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación y solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras), así como solicitó al ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”.
Agrotóxicos y discapacidad, una relación casi probada.En el documento, el organismo pidió a las autoridades públicas nacionales y provinciales “la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”. Además, aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos, organismo creado en 2009 por la presidenta, Cristina Fernández, y cuestionó al ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
En su escrito, la Defensoría detalló: “las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”. En esa línea, aseveró: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos”.
Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en la ley General del Ambiente (25.675). Por ello, el organismo demandó “una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.
Asimismo, señaló a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis) y sentenció: “no indica haber desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la discapacidad”.
En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la jefa de Estado creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). En este contexto, la Defensoría del Pueblo expresó: “se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.
Por otro lado, en julio de 2011, el Senasa dictó la resolución 511/2011  mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. A causa de esto, el organismo en su informe sostuvo que “una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.
También recordó que la Defensoría recomendó en noviembre de 2010, al ministerio de Agricultura, que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se miden los efectos agudos, en el corto plazo).
Fuente: Aim Digital

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