Decepciona a Obama rechazo a la Convención Internacional

El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió en noviembre de 2012 al Senado de su país, ratificar la Convención ONU sobre Derechos de las Personas con discapacidad. Los senadores republicanos rechazaron la solicitud y USA sigue sin asumir compromisos como los planteados en este tratado. Comienza la segunda parte de la Era Obama y se prevé que el gobernante trabaje más por los derechos efectivos de unos 50 millones de estadounidenses con discapacidad.

a Casa Blanca expresó su "decepción" después de que la mayoría de los senadores republicanos bloquearán la Convención Internacional de Naciones Unidas para las Personas Discapacitadas, suscrita por 154 países, entre ellos Estados Unidos, y ya ratificada por 126 naciones.

"Estamos decepcionados ante la mayoría abrumadora de senadores republicanos que bloquearon la actual Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hubiera consagrado las normas estadunidenses que se han desarrollado a través de décadas de cooperación bipartidista", indicó el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, en un comunicado.

Carney subrayó que la ratificación no requería ningún cambio en la ley estadunidense, pero era la oportunidad para EEUU de apoyar que estos derechos, de los que "ya disfrutan los ciudadanos del país, se extiendan a través del mundo".

"Esto también podría mejorar las vidas de los estadunidenses con discapacidades, incluyendo los veteranos heridos de guerra, que quieran vivir, trabajar y viajar al extranjero", añadió, y deseó que el Senado "reconsidere" pronto el texto.

Con 61 votos a favor y 38 en contra, los partidarios de la medida no lograron reunir el apoyo de las dos terceras partes del Senado. Los demócratas, entre ellos el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry, argumentaron que la Convención no exige más que el cumplimiento de las normas ya establecidas dentro de una ley federal de 1990.

Según Kerry, el tratado internacional crea un comité que puede hacer recomendaciones no vinculantes para mejorar las leyes nacionales pero de ninguna manera exige cambiar las leyes o normas de Estados Unidos y tampoco tiene peso legal en los tribunales estatales o federales del país.