Un fallo judicial en la provincia de Buenos Aires, determinó que dos personas con discapacidad que completaron sus estudios secundarios, logren su título.
Ya en octubre de 2016 Alan Rodríguez, un muchacho por entonces de 22 años que porta síndrome de Down, había batallado y conseguido que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires fallara a su favor para que el título secundario logrado en una institución privada fuera homologado y legalizado por el Gobierno de la Ciudad, a lo que este se oponía. Alan quería seguir estudiando y la Administración porteña se lo impedía.
Algo más de dos años después, en esta ocasión los tribunales de la Provincia de Buenos Aires, más específicamente el Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 4 de la capital provincial, a cargo de la Dra. María Ventura Martínez, tuvieron que intervenir para que dos alumnos que cursaran en la escuela provincial sus estudios secundarios exitosamente lograran su título.
En realidad, el documento les fue entregado, pero tenía el rótulo de la autoridad administrativa de “No homologable”, lo que no solamente no les permite continuar sus estudios sino que los transforma en estudiantes “no homologables”, de categoría inferior a la de sus compañeros. Lo que hizo la magistrada fue ordenar, siguiendo los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se expidiera un nuevo título sin la leyenda agraviante, es decir, que reconociera la regularidad de su cursada.
Los graduados del secundario de referencia son Flavia, una muchacha con Síndrome de Down, y Lorenzo, diagnosticado con un Trastorno del Espectro Autista. Se espera que el Estado provincial apele, pero seguramente las instancias siguientes confirmarán el fallo.
Quienes se hallan en similar situación en el ámbito provincial pueden recurrir a la Clínica Jurídica en Derechos Humanos y Discapacidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Nacional de La Plata) (http://clinicas.jursoc. unlp.edu.ar/).
De todas maneras, llama la atención la posición de las autoridades educativas y el desconocimiento respecto de los derechos de las personas con discapacidad.
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