sábado, 9 de enero de 2021

La CGT interrumpirá las vacaciones para tratar la reforma del sistema de salud




La CGT interrumpirá las vacaciones para tratar la reforma del sistema de salud: teme que el kirchnerismo avance sobre el control de los fondos de las obras sociales

Deliberará el lunes en UPCN y pedirá información a las autoridades nacionales. Se analizaban cambios para revertir la desfinanciación del sistema sindical de salud, pero ahora hay incertidumbre. Alberto Fernández les prometió soluciones a los prestadores del sector privado
La mesa chica de la CGT analizará este lunes la reforma del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo

¿ Se viene una nueva reforma en el sistema de salud?

Las vacaciones de la CGT fueron muy cortas. Los integrantes de la mesa chica de la central obrera interrumpirán su descanso para hablar este lunes, a las 16, en la sede de UPCN, sobre un tema excluyente: la reforma del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo y de la que aún siguen sin tener detalles.

 

La inquietud crece porque la cúpula cegetista no tiene buena relación con Cristina Kirchner y teme que los cambios proyectados apunten a apropiarse de los fondos de las obras sociales para subordinarlos a un esquema centralizado. Por eso intercambiarán opiniones y prevén pedir una audiencia con las autoridades nacionales para pedirles precisiones sobre el supuesto plan que fue elaborado en el Instituto Patria.

Algunos de los presuntos contenidos de la reforma del sistema de salud que trascendieron en los medios coinciden con propuestas ya efectuadas por la central obrera al Gobierno para revertir el desfinanciamiento de las obras sociales, pero el gran problema de los dirigentes de la CGT es que desconfían de las intenciones de quienes impulsarían el proyecto dentro del oficialismo.

En el Instituto Patria, como hay mucho hermetismo sobre el tema: uno de sus miembros se negó a dar detalles sobre el tema porque “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan (de reforma del sistema de salud) existe y se comenzó a escribir en septiembre”.

En otros sectores del Frente de Todos buscaron restarle dramatismo a los cambios que se analizan y aseguraron que se trata “sólo de la idea de un seguro único de salud y la integración vertical de las estructuras del sistema, que están duplicadas o triplicadas, y lo mismo sucede con el gasto”.

Es decir, nada de una estatización lisa y llana, como Alberto Fernández le garantizó esta semana a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y temen en las empresas de medicina privada, pero sí una mayor presencia del Estado en el sector sanitario porque, como dijo el Presidente, “el sistema de salud tiene un problema estructural que hay que revisar”. En la misma sintonía, Cristina Kirchner sostuvo que “vamos a tener que repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos”.

Todos sospechan que detrás de la elaboración del proyecto está Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, y sus técnicos de la Fundación Soberanía Sanitaria, supervisados por Daniel Gollán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y coordinador de la Comisión de Salud del Instituto Patria.

En un documento difundido en 2019, “Ejes centrales para un programa de salud 2020/2024″, se propone la creación de un sistema único de salud del que dependerán las prepagas y las obras sociales y que incluso centralizará las distintas instancias de control estatal, con lo cual será más difícil que los dirigentes gremiales mantengan su capacidad de presión sobre la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los fondos de las obras sociales. Unificar el control y la conducción del sistema, con una descentralización operativa, sería uno de los ejes de la propuesta que impulsaría el kirchnerismo.

La cúpula cegetista, a través de José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT y uno de los mayores expertos en el sistema de salud, conversan con el Ministerio de Salud y la Superintendencia sobre algunos cambios para aliviar el déficit crónico de las obras sociales, luego de convencer al Presidente de buscar una solución a este tema, pero hay incertidumbre: nadie sabe si esas medidas sobrevivirán con la reforma K.

 

Funcionarios y sindicalistas estaban de acuerdo en limitar el traspaso de los afiliados de las obras sociales y en evitar la triangulación de aportes para que las prepagas se queden con los recursos de los trabajadores de mejores ingresos. Está decidido que aumentará la cápita que pagan los monotributistas para acceder a las prestaciones de las obras sociales y, además, buscan alternativas para que el Estado pague el 100% de algunos de los gastos por discapacidad que afronta el sistema sindical de salud. Tiene un destino más incierto la propuesta gremial de que el Estado se haga cargo de pagar los medicamentos más costosos.

La CGT había quedado en retomar en enero las conversaciones con el titular de la Superintendencia, Eugenio Zanarini, que se infartó el mismo 31 de diciembre en que Alberto Fernández decidió y dejó sin efecto el aumento del 7% para las prepagas. Con su interlocutor convaleciente, los sindicalistas deberán recurrir al ministro de Salud, Ginés González García, con quien mantienen una relación zigzagueante y que tiene un inconveniente: está en un momento de fragilidad luego de los traspiés acumulados en la gestión. El último se produjo cuando fue filmado mientras les decía a médicos del Hospital Posadas que el Presidente “está nervioso porque no llegan los papeles” para que la vacuna rusa pueda aplicarse a los mayores de 60 años.

Mientras, las empresas de salud del sector privado acumulan preocupaciones similares a las que tienen los sindicalistas. Algunas en una peor situación, en realidad, luego de que Alberto Fernández asegurara que quiere “algún tipo de control del Estado (para las prepagas) porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos”. Apenas 24 horas antes, se había mostrado dispuesto ante Belocopitt en buscar compensaciones para aliviar a las prepagas ante la falta de incremento de las cuotas.

Entre las prepagas y las obras sociales, como el jamón del sándwich, están los prestadores de salud (desde clínicas, sanatorios y hospitales de comunidad hasta laboratorios, centros de diagnósticos y servicios de emergencia médica, pasando por institutos de salud mental y geriátricos), sector en crisis porque los aranceles prácticamente no suben desde hace un año. Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), las empresas de la actividad también pudieron reunirse hace 48 horas con Alberto Fernández.

“Le dijimos que estamos en una situación insostenible, casi terminal. Hay que buscar algún tipo de financiamiento, ya sea de las obras sociales, del PAMI o de las prepagas, o de la ayuda que pueda brindarnos el Estado mientras se recomponen los aranceles”, el presidente de FAPS, José Sánchez.

Según el empresario, “el Presidente entendió con claridad la problemática del sector prestador y sostuvo que nosotros somos las víctimas del sistema y los que más habíamos puesto el hombro en la emergencia sanitaria”. Y por eso Fernández se comprometió a que iba a encontrar alguna solución para el lunes próximo.

¿Les habló sobre la reforma del sistema de salud que se proyecta? “No, aunque en algún momento esbozó que hay que buscar algún sistema donde la plata drene con mayor facilidad hacia los prestadores”, dijo Sánchez, partidario de que se acuerden “en una mesa de consenso” los cambios en el esquema sanitario.

Pasó una semana en la que los cambios en el sistema de salud estuvieron en un primer plano, aunque aún nadie sabe de qué se tratan y, por ende, nadie tampoco pudo opinar sobre sus misteriosos alcances.

Raro procedimiento por parte de quienes manejan los resortes del Estado y deciden sobre la salud de todos los argentinos en medio de una pandemia. Si desde el kirchnerismo se proyecta una reforma, se preguntan empresarios y sindicalistas, ¿no debería transparentarse su contenido de una vez por todas? En esto, el silencio no es salud.

Los sindicalistas están desorientados, además, porque estaban avanzando con las autoridades en definir el aumento del aporte que pagan los monotributistas para atenderse en las obras sociales, pero hace pocos días la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció una actualización de las escalas y las cuotas del monotributo desde 2021 y allí estableció que aquella cápita aumentará un 35%, ya que de $1041,22 pasará a $1408,77. Para la dirigencia gremial, son valores menores a los conversados en las últimas semanas con el Gobierno y no son suficientes: por ese monto deben darle al monotributista las mismas prestaciones médicas mínimas que a un trabajador en relación de dependencia, que aporta más al sistema.

Mientras, las empresas de salud del sector privado acumulan preocupaciones similares a las que tienen los sindicalistas. Algunas en una peor situación, en realidad, luego de que Alberto Fernández asegurara que quiere “algún tipo de control del Estado (para las prepagas) porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos”. Apenas 24 horas antes, se había mostrado dispuesto ante Belocopitt en buscar compensaciones para aliviar a las prepagas ante la falta de incremento de las cuotas.

Entre las prepagas y las obras sociales, como el jamón del sándwich, están los prestadores de salud (desde clínicas, sanatorios y hospitales de comunidad hasta laboratorios, centros de diagnósticos y servicios de emergencia médica, pasando por institutos de salud mental y geriátricos), sector en crisis porque los aranceles prácticamente no suben desde hace un año. Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), las empresas de la actividad también pudieron reunirse hace 48 horas con Alberto Fernández.

“Le dijimos que estamos en una situación insostenible, casi terminal. Hay que buscar algún tipo de financiamiento, ya sea de las obras sociales, del PAMI o de las prepagas, o de la ayuda que pueda brindarnos el Estado mientras se recomponen los aranceles”, afirmó a Infobae el presidente de FAPS, José Sánchez.

Según el empresario, “el Presidente entendió con claridad la problemática del sector prestador y sostuvo que nosotros somos las víctimas del sistema y los que más habíamos puesto el hombro en la emergencia sanitaria”. Y por eso Fernández se comprometió a que iba a encontrar alguna solución para el lunes próximo.

¿Les habló sobre la reforma del sistema de salud que se proyecta? “No, aunque en algún momento esbozó que hay que buscar algún sistema donde la plata drene con mayor facilidad hacia los prestadores”, dijo Sánchez, partidario de que se acuerden “en una mesa de consenso” los cambios en el esquema sanitario.

Pasó una semana en la que los cambios en el sistema de salud estuvieron en un primer plano, aunque aún nadie sabe de qué se tratan y, por ende, nadie tampoco pudo opinar sobre sus misteriosos alcances.

Raro procedimiento por parte de quienes manejan los resortes del Estado y deciden sobre la salud de todos los argentinos en medio de una pandemia. Si desde el kirchnerismo se proyecta una reforma, se preguntan empresarios y sindicalistas, ¿no debería transparentarse su contenido de una vez por todas? En esto, el silencio no es salud.

Fuente : Infobae

 

viernes, 8 de enero de 2021

El gobierno provincial aprobó el proyecto de construcción de la tercera etapa del Complejo Integral Los Tiburones.





En el Palacio Municipal, el Intendente Nizar Esper se reunió con el Coordinador del Complejo Integral Los Tiburones  y Subsecretario de Inclusión de la Provincia de Santa Fe, Patricio Huerga, con el objetivo de impulsar la realización de la 3° etapa del edificio, la cual refiere a la conformación de un centro cultural.

La información brindada por el Municipio señala: "que desde nuestra gestión en conjunto con Patricio, se empezó a diagramar y coordinar acciones para hacer realidad este proyecto, y continuar así con el desarrollo de los trámites y el posterior traslado de las gestiones a la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana". 

La 1ª etapa del Complejo Integral Los Tiburones fue inaugurada el 6 de diciembre del 2007: pileta climatizada, baños y vestuarios, hall de entrada, sala de reuniones 

El 4 de diciembre del 2015 se inauguró la 2ª Etapa, el Gimnasio con 800 metros cuadrados cubiertos.

De acuerdo a lo informado, se avanzaría con la 3ª etapa del proyecto integral Los Tiburones, correspondiente a un Centro Cultural, en tanto no se brindaron detalles si se trató el tema de la habilitación de la pileta climatizada del Complejo, la cuál se encuentra cerrada desde abril de 2019, cuando tras una denuncia anónima, Litoral Gas cortó el servicio, colocando un cepo al medidor y solicitando la adecuación de las instalaciones a las medidas vigentes, después de lo ocurrido en el edificio de calle Salta en Rosario.

RESOLUCIÓN 1/2021 LA FIBROSIS QUISTICA TIENE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD





MINISTERIO DE SALUD Y AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Resolución Conjunta 1/2021

RESFC-2021-1-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021

VISTO las Leyes Nros. 22.431, 24.901, 25.504 y 27.552, el Decreto N° 884 del 11 de noviembre de 2020, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 675 del 12 de mayo de 2009 y sus modificatorias Resolución N° 232 del 31 de agosto de 2018 y N° 512 del 19 de diciembre de 2018 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la Disposición del ex Servicio Nacional De Rehabilitación N° 500 del 17 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10 de la Ley N° 24.901 establece que la discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3º de la Ley N° 22.431 y por leyes provinciales análogas.

Que el artículo 3º de la Ley Nº 22.431 (según modificación introducida por la Ley Nº 25.504) determina que el Certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la citada ley.

Que por el Decreto N° 698 del 5 de septiembre de 2017 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, en tanto que por el Decreto N° 95 del 1 de febrero de 2018 se suprimió el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION y se transfirió a la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, la que será continuadora a todos los efectos legales del precitado organismo, entre cuyas competencias se encontraba la elaboración e instrumentación de los criterios nacionales de certificación y valoración de la discapacidad.

Que la Resolución N° 675/09 del MINISTERIO DE SALUD, modificada por las Resoluciones Nº 232/18 y N° 512/18, aprobó el Modelo de Certificado Único de Discapacidad (CUD) a que se refiere el artículo 3º de la Ley N° 22.431 y el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad.

Que mediante la Disposición del ex Servicio Nacional De Rehabilitación N° 500/15 se aprobó la normativa para la certificación de personas con discapacidad física de origen visceral. Que la Ley Nº 27.552 declaró de interés nacional la lucha contra la enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis.

Que el primer párrafo del artículo 7º de la Ley citada dispone que “confirmado el diagnóstico de la persona con fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis por parte de autoridad competente, corresponderá al Ministerio de Salud de la Nación en los términos de la Ley N° 25.504 el otorgamiento inmediato del Certificado Único de Discapacidad a la persona diagnosticada, el cual será de por vida.”

Que al promulgar la Ley Nº 27.552 el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el artículo 3º del Decreto Nº 662/20 observó, en el artículo citado, la expresión que dice “…, el cual será de por vida”.

Que los fundamentos de la referida observación, vertidos en el decimotercer considerando del Decreto Nº 662/20, dan cuenta del viraje “de la concepción de la discapacidad según el modelo médico-hegemónico, el cual pone el acento en la enfermedad, al modelo social, que hace hincapié en las limitaciones provenientes del entorno y la sociedad, reconociendo a la discapacidad como un concepto dinámico, en constante evolución” que instaló la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país por Ley Nº 26.378 y con jerarquía constitucional por Ley N° 27.044.

Que en el decimosegundo considerando del Decreto Nº 662/20 se señaló que “el proyecto de Ley sancionado, al referirse al otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad previsto en el artículo 7º del proyecto se aparta de la concepción de las personas, que en nuestro país, responde al del modelo universal con enfoque biopsicosocial, el cual concibe a la persona con discapacidad desde su complejidad” de modo tal que “la sola presencia de una determinada condición de salud –aun cuando sea irreversible- no implica per sé discapacidad, sino que la existencia de dicha condición es la puerta de entrada para la evaluación del perfil de funcionamiento de la persona, el cual se encuentra influenciado por una compleja combinación de factores, desde las diferencias personales de experiencias, antecedentes y bases emocionales, construcciones psicológicas e intelectuales, hasta el contexto físico, social y cultural en el que la persona vive”.

Que, concordantemente, en el decimoquinto considerando del Decreto Nº 662/20 se concluye que “en nuestro país los certificados únicos de discapacidad no se otorgan de una vez y para siempre, en ningún caso y respecto de ninguna enfermedad”.

Que mediante el Decreto Nº 884 del 11 de noviembre de 2020 se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº 27.552 sobre la Lucha contra la Enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis.

Que en el artículo 3º de dicha Reglamentación se determinó que el MINISTERIO DE SALUD, a través de la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA dependiente de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, será la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 27.552.

Que la reglamentación del artículo 7º de la Ley citada dispone textualmente que “la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a personas con diagnóstico confirmado de Fibrosis Quística se realizará mediando solicitud del interesado o de la interesada y dejando constancia de que el mismo se emite en los términos de la Ley N° 27.552.”

Que así también en el mencionado artículo se estableció que “Las condiciones de salud integral, evaluadas conjuntamente con las dimensiones biopsicosociales, se ponderarán interdisciplinariamente de conformidad con los criterios establecidos en la normativa complementaria que deberá dictar en forma conjunta el MINISTERIO DE SALUD y la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de acuerdo a sus competencias”.

Que corresponde aprobar los requisitos que deberán cumplirse al momento de gestionar el Certificado Único de Discapacidad conforme Ley N° 27.552 y su Decreto reglamentario N° 884/20.

Que las personas con diagnóstico de Fibrosis Quística que soliciten el Certificado Único de Discapacidad serán evaluadas conforme las normativas de la Disposición del ex Servicio Nacional de Rehabilitación N° 500/15, o la que en un futuro se dicte.

Que en aquellos casos de personas con diagnóstico de Fibrosis Quística en los que la Junta Evaluadora de Discapacidad concluya que no se configuran los requisitos previstos en la Disposición N° 500/15, o en la que en un futuro se dicte, para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad, el mismo será igualmente emitido en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.552, dejándose constancia de tal circunstancia en dicho certificado.

Que la Junta Evaluadora de Discapacidad deberá efectuar la evaluación tendiente al abordaje integral del interesado o de la interesada y determinar la orientación prestacional que le corresponda en el estricto marco de la Ley N° 24.901.

Que la DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA del MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.

Que los Servicios Jurídicos permanentes de los organismos intervinientes han tomado la intervención que hace a su competencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley N° 19.549.

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 884/20 y los Decretos N° 13/19 y N° 935/20.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

Y

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.– Apruébanse los requisitos para conceder el Certificado Único de Discapacidad a personas con diagnóstico confirmado de Fibrosis Quística, que como ANEXO IF-2020-84530301-APN-DNPYRS#AND forma parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2º. – Determínase que en los casos de diagnóstico confirmado de Fibrosis Quística en los que Junta Evaluadora concluya que no se configuran los requisitos previstos en la Disposición del ex Servicio Nacional de Rehabilitación N°500/15 o en la que en un futuro se dicte, deberá emitirse el Certificado Único de Discapacidad dejando expresa constancia de dicha circunstancia.

ARTICULO 3. – Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ginés Mario González García - Fernando Gaston Galarraga

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 08/01/2021 N° 692/21 v. 08/01/2021

Fecha de publicación 08/01/2021

RESOLUCION 1/2021

Nomenclador discapacidad Resolución 2/2021





Resolución Conjunta 2/2021

RESOLUCION CONJUNTA 2/2021

Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2021

VISTO el EX-2020-84113113-APN-DE#AND, la Ley N° 24.901, sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 1193 del 8 de octubre de 1998, N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus modificatorios y N° 95 del 1 de febrero de 2018, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 428 del 23 de junio de 1999, la Resolución Conjunta de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD N° 6 de fecha 19 de septiembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 24.901, sus modificatorias y complementarias, se instituyó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 1193/98, por Resolución N° 428/99 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL se aprobó el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, cuyos aranceles se actualizan periódicamente a partir de la propuesta elevada por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Que mediante la Resolución Conjunta N° 6/19 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD se dispuso la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, a partir del 1° de septiembre de 2019 y del 1° de noviembre de 2019 conforme se detalló en el Anexo I -IF-2019-79759123-APN-DNPYRS#AND- que forma parte de la citada resolución.

Que por el artículo 2° de la misma resolución se reconoció un adicional del VEINTE POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

Que atento a la necesidad de readecuar los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad contenidos en la norma aludida, el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, en su reunión de fecha 24 de noviembre de 2020, propuso un aumento del DIEZ POR CIENTO (10 %) a partir del 1° de diciembre de 2020. Ello, tal como surge del Acta N° 402 del citado Directorio.

Que se plasmó también en el Acta antedicha el compromiso de retomar la discusión arancelaria en febrero de 2021, conforme el actual contexto político, económico y social, y el esfuerzo efectuado por el Estado Nacional en el marco del actual escenario de emergencia sanitaria.

Que, asimismo, tal como surge del Acta N° 403 del Directorio, se ratificó la continuidad del reconocimiento de un adicional del VEINTE POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, en el marco de la presente actualización arancelaria.

Que el incremento que regirá a partir del 1° de diciembre de 2020 se detalla en el Anexo IF-2020-86160802-APN-DNPYRS#AND que forma parte integrante de la presente Resolución.

Que mediante el Decreto N° 698/17 y sus modificatorios, se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, que tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad.

Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos permanentes de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y del MINISTERIO DE SALUD.

Que se actúa en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 y los Decretos N° 1193/98, N° 698/17 y sus modificatorios, N° 13/19 y N° 935/20.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

Y

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Actualízase el valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, a partir del 1° de diciembre de 2020, conforme se detalla en el Anexo IF-2020-86160802-APN-DNPYRS#AND que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese un adicional del VEINTE POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ginés Mario González García - Fernando Gaston Galarraga

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

BOLETIN OFICIAL RESOLUCION CONJUNTA 2/2021

lunes, 14 de diciembre de 2020

NORMATIVA PARA CERTIFICAR LA DISCAPACIDAD VISUAL




Desde el 7 de Marzo de 2012, contamos con una normativa específica que determina las pautas que tendrá en cuenta la junta evaluadora interdisciplinaria a la hora de la bien ponderada certificación. Se trata de la Resolución Nº 2230/12 del ex Servicio Nacional de Rehabilitación.

Como punto de partida habrá que precisar, que se entiende por "Discapacidad Visual". Se alude a un término global que hace referencia a las deficiencias en las funciones visuales y estructuras corporales del ojo y/o sistema nervioso, asociado o no, a otras funciones y/o estructuras corporales deficientes y las limitaciones que presenta un individuo al realizar una tarea o acción, en un contexto u entorno normalizado, tomando como parámetro su capacidad/habilidad real y las restricciones en su desempeño, considerando aquí, a los dispositivos de ayudas ópticas (adaptaciones personales y/o modificaciones del entorno).

Las juntas evaluadoras, sin perjuicio de ser conformadas interdisciplinariamente, para evaluar este tipo de discapacidad a los efectos de su certificación mediante el CUD, utiliza dos clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud: por un lado "la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud en su decima revisión (CIE-10) y por el otro, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF).

Es importante precisar los dos niveles que existen dentro de la discapacidad visual. A- Baja Visión: una persona con baja visión es aquella que tiene un impedimento en la función visual, aun después del tratamiento o de corrección refractiva, con agudeza visual en el mejor ojo de 3/10 o un campo visual menor de 10º, pero que usa o es capaz potencialmente de usar la visión para la ejecución de una determinada tarea.

En 1996 se propone una nueva definición, la deficiencia visual funcional constituye una gran limitación de la capacidad visual, a consecuencia de una enfermedad, un trauma o una enfermedad congénita, que no puede mejorar totalmente con corrección refractiva, medicación o cirugía convencional, y que suele manifestarse a través de uno o más de los siguientes aspectos: 1- resolución visual insuficiente, menor 3/10 en el mejor ojo con la corrección de la ametropía, 2- campo visual inadecuado, menor de 20º en el meridiano más ancho del ojo, con el campo visual más intacto o hemianopsia bilateral homónima o cuadrantopsia, 3- máxima reducción a la sensibilidad al contraste. Así pues, teniendo en cuenta la combinación de las variables, clínicas y objetivas, cuantificables por estudios se definirá. La condición de baja visión implica una extensa gama de posibilidades visuales, si además se examinan las consecuencias funcionales en general.

Ello significa, que no sólo estarán en buenas condiciones de funcionalidad visual, quienes tienen buena agudeza y campo visual, sino también aquellos que a pesar que su agudeza y/o campo sean mínimos, disponen de un nivel de habilidad, al momento de extraer el máximo rendimiento posible al proceso perceptivo visual.

La ceguera puede definírsela, como la ausencia total de la visión, con incompatibilidad de realizar tareas visuales, es decir, la persona no usa ni es capaz de usar su visión, para la planificación y/o ejecución de una determinada labor. Por tanto, una persona con ceguera legal es, quien aun después de un tratamiento y/o refracción convencional, tiene en su mejor ojo una agudeza visual menor de 1/10, igual o menor a 0.05, hasta visión luz y/o un campo visual menor o igual a 10º.

Para saber que es la agudeza visual, es la posibilidad de discriminar un objeto en el espacio. Ésta deberá evaluarse con la mejor corrección óptica, tanto para lejos como para cerca. En tanto que el campo visual es el área, que desde un estimulo adecuado es percibido por el ojo, mientras está fijando un punto con la corrección óptica conveniente.

Por su parte, la alteración visual de los colores, motilidad ocular, función binocular, etc. deben ser evaluadas en el contexto de la patología, priorizando siempre la agudeza y el campo visual al momento de la correspondiente evaluación.

Atento lo antedicho, puede afirmarse que la discapacidad engloba una serie de diagnósticos, equivalentes a una condición de salud, que servirán como punto de partida para evaluar el perfil de funcionamiento de la persona que será potencialmente certificada. Vale destacar, que la sola presencia del diagnóstico, no será condición para certificar discapacidad. Consecuentemente, será el perfil de funcionamiento que tiene una persona, a partir de una determinada condición de salud, lo que determinara si a esa persona, le corresponde o no el correspondiente certificado.

Quien pretenda presentarse ante una Junta Evaluadora requerirá para acreditar discapacidad visual: a- Resumen de Historia Clínica realizada por médico especialista en los 6 meses anteriores, donde deberá constar: diagnóstico, estado actual, evolución, tratamiento que realiza, secuelas, agudeza visual con y sin corrección de ambos ojos, refracción de ambos ojos, biomicroscopia de ambos ojos, presión ocular de ambos ojos, fondo de ojo de ambos ojos, campo visual central de ambos ojos. Si la Junta lo considera necesario, requerirá otros estudios de carácter complementario que sirvan para avalar el diagnóstico, tales como ecografía, angiografía, estudios electrofisiológicos, etc.

A tenor de lo narrado, la norma dispone cuales son los criterios que se tendrán en consideración para extender el "Certificado Único de Discapacidad". Persona que presente el siguiente esquema de alteraciones al describir el Perfil de Funcionamiento: 

1- aquellas que presenten en el mejor ojo visión menor o igual a 0.3 o 20/60 con la mejor corrección óptica y/o campo visual menor de 20º desde el punto de fijación o en caso de hemianopsia bilateral homónima o heterónima. Este criterio corresponderá a las alteraciones graves y completas 3 y 4 de las escalas calificadoras de la CIF para estructura y función, aun con dificultades leves o nulas para el desempeño de tareas. 

2- aquellas personas que presenten alteraciones moderadas, cuando tuvieren graves restricciones grados 3 y 4, en un 75% de los ítems de actividad/participación seleccionados por la Junta Evaluadora.

Este nuevo modelo de abordaje, obliga a cambiar la mirada respecto de la discapacidad y los criterios para su evaluación. Esta necesidad surge de tener que entender que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad, sino de la interrelación de un complejo conjunto de factores biopsicosociales, que solo pueden captarse desde una mirada interdisciplinar.

En el caso de los pacientes pediátricos deberán ser evaluados por un oftalmólogo pediatra, quien extenderá un informe que deberá incluir según lo requiera el diagnóstico y el estado actual. Para los niños de 0 a 3 años: evaluación de fijación y seguimiento, test de mirada preferencial, examen de la motilidad ocular, refracción, fondo de ojo, potenciales visuales evocados, estudio neurológico, ecografía ocular A y B. Para los niños de 3 a 5 años: agudeza visual, test de LEA, biomicroscopia, examen de la motilidad ocular, refracción, fondo de ojo, ecografía ocular modo A y B. Finalmente, para los niños de 5 a 12 años: agudeza visual, Tabla de Snellen, biomicroscopia, presión ocular, refracción, fondo de ojo, ecografía ocular modo A y B, campo visual, cabe señalar que la certificación para los pacientes pediátricos, será según cada circunstancia extendido por un plazo máximo de 5 años.

Es importante aclarar que en caso de que el niño estuviere realizando estimulación temprana, es conveniente que la Junta cuente con un informe sobre su evolución, así como también, acompañar un informe escolar relacionado con sus procesos educativos.

 Tener presente estas consideraciones normativas, evitará rechazos infundados y arbitrarios. Sabemos de la enorme importancia que posee el Certificado Único de Discapacidad, básicamente por ser la exclusiva llave que abre el paraguas de las coberturas prestacionales, mediante las cuales se procura atemperar las restricciones que una enfermedad o secuela provoca a quien las porta. No sólo servirá para rehabilitar y habilitar capacidades residuales, sino que promoverá el ejercicio legítimo, igualitario y oportuno de los derechos que como cualquier otro ciudadano pueda ejercitar.

Fuente:Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia

jueves, 12 de noviembre de 2020

CANNABIS: el gobierno legalizó el autocultivo para uso medicinal y el expendio de aceites en farmacias









Con la firma de Alberto Fernández, el Gobierno publicó por decreto en el Boletín Oficial la nueva reglamentación de la ley 27.350. “Se trata de un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector”, dice el documento


Es el comienzo del fin de una época donde la norma fue criminalizar pacientes y cultivadores solidarios. Pasaron casi cuatro meses exactos desde aquel mediodía de 15 de julio en que el ministro de Salud Ginés González García y su vice Carla Vizzotti presentaron en privado la nueva reglamentación de la ley de uso medicinal del cannabis a referentes de la ciencia y el activismo. Y finalmente, en la madrugada del jueves, el Gobierno confirmó aquello y publicó un decreto donde establece la regulación del cultivo doméstico y el expendio en farmacias de aceites y cremas producidas con esta planta cuyo uso humano se remonta atrás 10.000 años.

La novedad fue publicada a las 00 de hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuyo gobierno había prometido apenas asumió revisar la ley 27.350, sancionada en marzo de 2017 y muy criticada por la comunidad de usuarios, médicos, militantes, cultivadores y empresarios interesados en el creciente negocio de la marihuana legal, una industria en expansión en todo el mundo. “Resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el Cannabis como herramienta terapéutica”, dice el texto.

Es una noticia que cambia el paradigma y el escenario local, después de años de prohibición global y total. La novedad más importante que contiene esta nueva reglamentación es, indudablemente, la mejora del artículo 8 de la ley, que incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren en el Programa nacional de Cannabis (REPROCANN) y que, según el decreto firmado por el Presidente hasta ahora la ley debía funcionar pero “que no se encuentra operativo”.

Uno de los párrafos más sobresalientes de los considerandos del decreto en este sentido remarca, respecto de las limitaciones de la ley votada durante el macrismo: “Estas restricciones reglamentarias configuraron barreras al acceso oportuno del Cannabis por parte de la población y como respuesta a ello, un núcleo significativo de usuarias y usuarios han decidido satisfacer su propia demanda de aceite de Cannabis a través de las prácticas de autocultivo, y con el tiempo se fueron organizando redes y crearon organizaciones civiles que actualmente gozan no solo de reconocimiento jurídico sino también de legitimación social”.

De este modo, tanto personas en su hogar como organizaciones cannábicas -la base de esta lucha que lleva más de una década y no termina en lo medicinal- y universidades podrán cultivar siempre que el fin sea terapéutico.

“El REPROCANN registrará, con el fin de emitir la correspondiente autorización, a los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación. Podrá inscribirse en el REPROCANN quien cuente con indicación médica y haya suscripto el consentimiento informado correspondiente, en las condiciones establecidas por el PROGRAMA”, dice la nueva letra de la ley, que también indica que las provincias podrán regular estos registros y expedir las autorizaciones para sus ciudadanos.

Los límites en la cantidad de plantas permitidas en cada hogar o en las sedes de las organizaciones para los cultivos “en red” se conocerán posteriormente, cuando el Ministerio de Salud redacte las resoluciones particulares. De todos modos, la preocupación de las autoridades del REPROCANN y de la cartera sanitaria está puesta no tanto en la cantidad sino en la calidad de lo que produzcan estos cultivos. Se descuenta que de las resoluciones ministeriales salga un marco limitante en proporción de sus dos moléculas “estrella”: el THC, que aporta psicoactividad y por eso muchos países no lo permiten para uso médico, y el CBD, o cannabidiol, palabra que según medidores de búsqueda de Internet rankea en lo más alto en los últimos años.

“La idea es controlar el producto final”, advirtió uno de los funcionarios responsables. En este punto, en el borrador también se aclara que estará contemplada “la protección de confidencialidad de datos personales” de los cultivadores.

Con la nueva reglamentación presentada por el Poder Ejecutivo nacional este jueves podrán entrar en el circuito de legalidad todos los cultivadores solidarios, familias y agrupaciones que, sin respuestas del Estado a pesar de la ley y a riesgo de ir presos sostienen con mucha dificultad la demanda de los usuarios, cuyo crecimiento fue exponencial en los últimos tres años (sobre todo adultos mayores).

“El rol de las organizaciones seguirá siendo clave”, advirtió Vizzotti en julio. La viceministra trabajó desde febrero con los integrantes del Consejo Consultivo honorario.

Hasta ahora, la tenencia de semillas y plantas aun en el ámbito privado y para consumo personal o terapéutico, estaba penado por la ley de drogas (23.737) con hasta 15 años de prisión. Al menos en el aspecto medicinal, esta regulación significa el fin de esa injusticia.

La reglamentación modelo 2020 habilita no solo a importar productos medicinales de cannabis, que ya estaba permitido aunque solo para las epilepsias refractarias y vía ANMAT con un trámite engorroso, sino también el expendio en farmacias habilitadas para vender y producir “formulaciones magistrales”, como aceites, tinturas o cremas. Es decir que quien no quiera, no le interese o no pueda cultivar en su casa podrá conseguirlo sin dificultades. Hasta ahora, la mayoría de los usuarios que no accede al cultivador solidario consume en el mercado negro, sin control de la calidad de la sustancia.

Además, la nueva norma cortará el límite que impuso el modelo del gobierno de Mauricio Macri respecto de las patologías habilitadas para el tratamiento. A partir de la publicación de la nueva normativa no solo tendrán el permiso los pacientes con epilepsias refractarias sino también el resto, cualquiera sea que obtenga efectos positivos.

El Estado sí garantizará la provisión gratuita para quienes no tengan obra social o cobertura de salud privada, y a los inscriptos en programas específicos de organizaciones públicas, algo que sí ocurría actualmente pero con poco éxito, al ser exclusivo para epilepsia refractaria y al no tener promoción ni campañas públicas. El gobierno anterior apenas consiguió que se inscribieran para el tratamiento “de investigación” menos de 300 pacientes. De hecho, el año pasado el Estado, después de rebajar el Ministerio de Salud a Secretaría, redujo el presupuesto para el Programa Nacional de Cannabis, al que le destinó menos de 1.000 pesos por día.

En la reglamentación nueva se incluye la promoción pública de programas de extensión universitaria vinculados al cannabis medicinal, el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso. También se establece que Salud podrá articular acciones y firmar convenios con instituciones académico científicas, organismos públicos, privados y organizaciones no gubernamentales.

“El Estado Nacional brindará colaboración técnica que impulse la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización para su uso medicinal, terapéutico y de investigación en los laboratorios de Producción Pública de Medicamentos. La dispensación del producto se realizará a través del Banco Nacional de Drogas Oncológicas y/o en las farmacias habilitadas por el Programa”, dice la reglamentación. Se sabe que, además de la producción de la provincia de Jujuy, que comenzó hace dos años, hay varias provincias -incluida Capital Federal- que comenzaron a avanzar en proyectos de ley locales para sus laboratorios públicos.

El Ministerio que conduce González García será responsable de garantizar los insumos necesarios para facilitar la investigación médica y/o científica de la planta de cannabis y "fomentará y priorizará, en vistas de la eficiencia en el uso de los recursos, a la producción regional y aquella realizada a través de los laboratorios públicos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). En este sentido, el Gobierno le quita la exclusividad al INTA y al Conicet y, algo que se había reclamado desde un sector del Consejo Consultivo, abre el juego a las universidades de todo el país que hasta ahora fueron esencialmente quienes sostuvieron las redes de acceso a través de trabajos en conjunto con organizaciones cannábicas sin fines de lucro.

Con esta nueva reglamentación se abre una realidad novedosa que pone al país de cara a un futuro donde la planta de cannabis se integrará al circuito productivo y al comercio internacional, tanto para importar productos como para exportar.

Argentina es un país que por, clima y suelo, tiene una enorme potencialidad en un negocio que en Estados Unidos y Canadá ofrece a los gobiernos millones de dólares en cuestión de impuestos y crea miles de fuentes de trabajo. No sólo celebran los activistas, usuarios e inversores. La regulación del cannabis es un paso seguro también en la lucha contra el narcotráfico y el comercio clandestino.

El camino del uso medicinal legal no se detiene con esta reglamentación firmada por Alberto Fernández. Días atrás, la diputada entrerriana Carolina Gaillard, del Frente de Todos, presentó con apoyo de una decena de legisladores oficialistas y de la oposición un proyecto de ley que reemplace a esta 27.350, una normativa más integral que esta nueva reglamentación que además prevé la regulación del comercio de los productos terapéuticos en base al cannabis. Fuentes del Gobierno confiaron “Es probable que el año que viene se discuta, tiene el aval de lo más arriba”.

Fuente: Infobae

miércoles, 4 de noviembre de 2020

JUEGOS PARALÍMPICOS: TOKIO PROBÓ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE CARA AL 2021





 


El Comité Organizador de Tokio 2021 realizó una prueba de medidas de seguridad para los Juegos Paralímpicos. El objetivo es garantizar la seguridad de todos los asistentes y por eso se probó con un simulacro de ingreso de espectadores y oficiales a los estadios.
La sede elegida fue el Tokyo Big Sight, lugar que se utilizará como Centro de Prensa para los Juegos. Se probaron tres medidas diferentes para detectar la fiebre: la cámara infrarroja, los termómetros láser infrarrojos y una pegatina termosensible que se pega en la muñeca y se pone roja si la temperatura de la superficie supera los 37 grados.
"Queremos probar varias medidas contra la pandemia y mostrar cómo estamos trabajando para garantizar la seguridad durante los Juegos", aseguró Tsuyoshi Iwashita, director de seguridad de Tokio 2020. "Creo que no hay una respuesta ideal, pero aún tendremos que evaluar lo que deberemos hacer. Tenemos varias competiciones deportivas que se están disputando ahora, pero el desafío es tener el método más adecuado para el evento deportivo más grande", agregó.
Los Juegos Paralímpicos de Tokio se llevarán a cabo desde el martes 24 de agosto hasta el domingo 5 de septiembre de 2021.

La CGT interrumpirá las vacaciones para tratar la reforma del sistema de salud

La CGT interrumpirá las vacaciones para tratar la reforma del sistema de salud: teme que el kirchnerismo avance sobre el control de los fond...