lunes, 14 de septiembre de 2020

LA RECETA DIGITAL Y SU UTILIZACIÓN

La receta digital en tiempos de COVID-19 - COVID-19 - IntraMed

La prescripción electrónica es una modalidad que va creciendo con pasos firmes en nuestro país. Hay que tener en cuenta, que su implementación debe realizarse, por un lado bajo principios que fortalezcan la integración de los subsistemas y por el otro, las garantías en términos de seguridad y derechos

El futuro de los sistemas sanitarios está muy unido a la salud digital, erigiéndose en consecuencia la prescripción electrónica (Receta Digital) como uno de los principales complementos técnicos para un desarrollo más eficiente de la actividad sanitaria. En efecto, la Receta Digital, como documento y acto sanitario, como resultado de una prescripción instrumentada digital o electrónicamente, proporciona numerosos beneficios para el conjunto del sistema sanitario, pero fundamentalmente para los propios pacientes. Aporta seguridad en el proceso de prescripción y dispensa de medicamentos, posibilita evitar errores tanto en la interpretación de la información escrita como en relación con las interacciones medicamentosas para favorecer un mejor seguimiento terapéutico. Tales circunstancias se traducen en un impacto en la accesibilidad, porque mejora sustancialmente los procedimientos administrativos reduciendo ergo los tiempos tediosos en las esperas.

Ante este escenario, el pasado 23 de julio del corriente, se sanciona la ley 27.553 sobre Receta Electrónica y Teleasistencia. La norma prevé que la prescripción y dispensación de medicamentos pueden ser redactadas y firmadas a través de rubricas, sean manuscritas, electrónicas o digitales, tanto en recetas electrónicas o digitales, a lo largo del territorio nacional. Asimismo, este régimen es aplicable para cualquier receta, prescripción médica, odontológica o de otros profesionales sanitarios que se encuentren habilitados legalmente para prescribir en los ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica, tanto pública como privada.

Si bien el proyecto legislativo surgió con antelación al advenimiento de la pandemia por Covid 19, el Ministerio de Salud de la Nación en ese marco, dicto la Resolución 696 mediante la cual autorizo con carácter excepcional la prescripción de medicamentos para pacientes con tratamientos oncológicos y pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, excluyendo expresamente a aquellos medicamentos que se utilicen bajo receta tales como los psico-trópicos.

Beneficios: Primeramente su utilización, resulta innegable la mejora en la seguridad del paciente como así también, la posibilidad de reducir errores derivados del proceso de prescripción, dispensa y administración de fármacos, tales como yerros de legibilidad, escritura o pronunciación. Por otra parte, su uso imprime mayor eficiencia al circuito de prescripciones y dispensas de especialidades medicinales, optimizando ergo la gestión administrativa. Este tipo de recetas permite mantener la privacidad, la confidencialidad, así como la integridad de la información personal del paciente.

Cabe señalar, que el paciente es el titular de la receta electrónica así como de la información en ella vertida. Algo sumamente importante que prevé la nueva ley, es que el sistema informático debe contemplar las previsiones necesarias para que su utilización pueda ser plenamente accesible para personas con discapacidades, desde ya, a los fines de facilitar su acceso a tales prescripciones electrónicas.

Cabe señalar que los datos volcados en dichas recetas, deben evitar el uso discriminatorio de la información yacente en aquellas, susceptible de generar exclusión, penalización, segmentación, estigmatización de cualquier tipo, y en particular respecto de la salud, que pudiere derivar en daños individuales o colectivos.

Resultas de lo descripto, solo resta decir que para implementar este régimen, deben desarrollarse o adecuarse los sistemas electrónicos existentes. Serán los distintos organismos jurisdiccionales competentes los responsables de la fiscalización de tales sistemas de recetas digitales o electrónicas, quienes a su vez deben garantizar la custodia de las bases de datos de asistencia profesional virtual, prescripción, dispensación y su archivo. En caso de utilizarse la firma digital, su validación deberá ajustarse a los preceptos de la ley 25.306 y 25.326 respecto a la protección de sus datos.

La ley 27.553 debe ser reglamentada dentro de los 120 días a partir de su sanción, para que su exigibilidad se absoluta y total. Como siempre, les reitero mi formal invitación "Ejerzan sus erechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios".


CONTENIDOS MÍNIMOS

Entre los contenidos mínimos que deberá tener la Receta Digital pueden mencionarse:

A- Datos de la receta: a efectos de lograr su identificación univoca mediante un código, el que será otorgado por el sistema y poder de ese modo, conocer su localización. Asimismo deberá incluir información sobre su estado, ejemplo…solicitud a la farmacia, debiendo a su vez, contar con fecha, hora y lugar de emisión con su respectiva identificación univoca y habilitación inscripta en los correspondientes Registros. Deberá asimismo, consignar periodo de vigencia, vencimiento y cualquier otra restricción para su validez.

B- Datos mínimos del paciente que lo identifiquen unívocamente y de terceros autorizados, debiendo incluir teléfonos, mail, y en caso de ser necesario, deberá adicionar, datos tales como, la edad, peso, sexo, alergias, comorbilidades crónicas o agudas, problemas hepáticos, renales, así como informaciones especificas (niños, gerontes, embarazos o lactancia)

C- Datos del medicamento o producto: Deberá incluir nombre genérico según ley 25.649, formas farmacéuticas, presentación, concentración, dosis prescriptas, y marca comercial, en los casos que esté autorizado. A su vez, el régimen posológico debería incluir vía y forma de administración, frecuencia, duración del tratamiento

D- Diagnostico, patología o condición médica que motivo la prescripción

E- Cobertura: incluirá el Nª de afiliado, tipo de cobertura de salud y razón social del prestador

F- Datos del profesional prescriptor: estos deberán incluir…identificadores mínimos que permitan validar su condición profesional, y su correspondiente habilitación (nombre y apellido, DNI, teléfono y domicilio profesional, matricula habilitante, en su caso, especialidad, y su jurisdicción,

G-Datos de la dispensa o farmacia con su respectiva identificación y habilitación inscripta en los registros correspondientes, firma del farmacéutico autorizado, fecha de la dispensa, cantidad dispensada, en su caso, si la dispensación fue completa o parcial,

H- Firma Digital o Electrónica: Sin perjuicio de asimilarse sus efectos jurídicos a la firma hológrafa, es conveniente que la firma electrónica sea aceptada transitoriamente hasta que la digital tenga una implementación efectiva y generalizada. Ahora bien, cuando el medicamento a prescribir contenga como ingrediente farmacéutico activo una sustancia estupefaciente o una psicotrópica, las mismas deberán realizarse en una receta/formulario oficial digital, cuyo contenido indicara además de lo dispuesto para las recetas digitales, un identificador de receta oficial digital, mencionando la ley que regula la sustancia a prescribir, con mas, el domicilio y teléfono del médico prescriptor, domicilio del paciente y firma del director técnico de la farmacia.

Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com

lunes, 31 de agosto de 2020

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PARA MEDICACIÓN NO AUTORIZADA POR ANMAT

Cómo funciona la A.N.M.A.T., el organismo que controla alimentos y  medicamentos - LA NACION

El 31 de mayo del 2019, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología dictó la Disposición 4616 mediante la cual se aprobó el nuevo régimen de accesibilidad de excepción a medicamentos, estableciendo el procedimiento para la autorización de importación para los productos enumerados en la norma.

Debe entenderse que la protección de la vida y su calidad, constituyen derechos y libertades esenciales inherentes a la naturaleza humana, y se encuentran consagrados en nuestra Carta Magna, Art. 75 Inc. 22 así como en tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Asimismo, vale señalar, que conforme la ley 16.463 se establece que las actividades de importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o deposito en jurisdicción nacional, de drogas, productos químicos, reactivos, medicamentos, etcétera, sólo podrán realizarse previa autorización y bajo el control del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

Concordantemente con ello, el Decreto 150/92 dispuso la prohibición en todo el territorio nacional, la comercialización o la entrega a título gratuito de cualquier tipo de especialidades medicinales o farmacéuticas no registradas ante la autoridad sanitaria, salvo en ciertas excepciones que se determinan por vía reglamentaria. Ahora bien, en casos particulares extraordinarios, como por ejemplo la falta de tratamiento específico en el país para situaciones clínicas con alto riesgo de muerte o severo deterioro de la salud o bien, la inaccesibilidad a tal tratamiento, así como también, la intolerancia a los tratamientos apropiados existentes, requieren de una respuesta apropiada y pertinente.

Es importante sindicar, que lo que el médico prescribe en el ejercicio de su profesión, puede considerarse una herramienta suficiente para tener por fundamentada la necesidad de importar aquellos productos o medicamentos que, aun estando registrados en otros países, no estén aun disponibles en la Argentina. Ante este escenario, el 31 de mayo del 2019, la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología) dictó la Disposición 4616 mediante la cual se aprobó el nuevo régimen de accesibilidad de excepción a medicamentos, estableciendo el procedimiento para la autorización de importación para los productos enumerados en la norma.

SUPUESTOS

Este régimen es aplicable a los siguientes supuestos: A- medicamentos que no se encuentren registrados ante la ANMAT, pero que si estén registrados en otro país, y que estén destinados a tratar a un paciente en particular, B- medicamentos que no se encuentren registrados ante la ANMAT, pero que sean requeridos por el Ministerio de Salud de la Nación para la atención de una emergencia sanitaria y que se destinen a tratar un número aún no determinado de pacientes, y C- medicamentos que se encuentren registrados ante la ANMAT, pero que no se hallaren disponibles en nuestro país de manera transitoria o permanente, o no resulten accesibles a los pacientes por otras razones justificadas. Vale soslayar, que el presente régimen de excepción, no será aplicable a la importación de medicamentos que contengan derivados del cannabis para uso medicinal, importación que se encuentra regulada por la ley 27.351.

Los solicitantes en estas importaciones, contemplados en los incisos A y C, será el paciente o un familiar a cargo o su representante legal, quienes están habilitados para presentar el trámite, para lo cual se necesitara contar con la prescripción de un médico tratante matriculado, quien asumirá la responsabilidad por dicha prescripción. Está expresamente prohibida la intervención de cualquier tipo de gestor o intermediarios. En tanto que en el caso del inciso B, estarán habilitadas las áreas competentes del Ministerio de Salud de la Nación, los Ministerios de Salud provinciales, y en su caso los Centros Asistenciales debidamente autorizados por la autoridad sanitaria. Por tanto, cualquiera de estos serán los únicos responsables de solicitar la correspondiente autorización.

CANTIDADES

La cantidad dependerá de la duración del tratamiento recetado y del tipo de diagnóstico del paciente en las siguientes situaciones: 

1- tratamientos cortos y cualquier tratamiento oncológico: aquí se autorizara la cantidad adecuada para cubrir un periodo máximo de 3 meses,

 2- tratamientos prolongados, excepto tratamientos oncológicos: se autorizara la cantidad adecuada para cubrir un periodo máximo de 6 meses, 

3- en los casos de emergencia sanitaria, se autorizara una cantidad estimada y debidamente justificada de unidades para cubrir hasta 1 año de provisión, 

4- en caso de ser necesaria la continuidad de los tratamientos, podrá solicitarse una nueva autorización de importación por otro periodo y cantidad iguales, dentro de los 21 días corridos previos a la finalización del período en curso.

REQUISITOS

Para solicitar la importación de una medicación invocando el presente régimen de excepción, deberá presentarse a través del sistema TAD (trámite administrativo a distancia) el respectivo formulario e incluir los siguientes documentos: 

A- declaración jurada completa y firmada por el médico tratante. En esta deberá constar el diagnóstico preciso en correspondencia con la indicación aprobada en el país de registro, la posología indicada y la cantidad solicitada de producto, la cual deberá corresponderse con la posología por el periodo de tiempo establecido. Esta declaración tendrá una vigencia de 90 días corridos, 

B- constancia del Registro del medicamento en otro país, y su prospecto, solo en los tramites de primera vez, 

C- receta médica de conformidad con la normativa vigente nacional, 

D- en caso que la administración del medicamento requiera la hospitalización del paciente, deberá adjuntarse una nota de la máxima autoridad de la institución, declarando que el establecimiento cuenta con la capacidad necesaria para la administración del medicamento así como la adecuada atención para el paciente, 

E- en los tramites de continuidad de tratamientos, además de los requisitos establecidos anteriormente, se deberá agregar una descripción de la respuesta al tratamiento, obtenida hasta el momento por el médico tratante y la factura o remito de la compra anterior, donde conste el nombre del proveedor y el número de lote adquirido. Ahora bien, en los casos que el tratamiento fuere financiado por obras sociales o prepagas, la ANMAT podrá requerirles un informe de auditoría médica efectuada o avalada por el financiador, a fin de garantizar la exactitud del diagnóstico y los resultados positivos del tratamiento.

DECLARACIÓN JURADA

El sistema TAD, incluirá un formulario de inicio de trámite, que deberá completarse con los datos que constan en la declaración jurada del médico tratante, con más la siguiente información: 1- país donde se adquirió el producto, 2- información del proveedor local, 3- en los casos de continuidad de tratamiento, se deberá explicitar el problema de accesibilidad que sustenta la necesidad de su importación. Por su parte, el solicitante también recibirá por TAD, la autorización, denegación o el pedido de subsanación. Si se presentara toda la documentación requerida, la ANMAT emitirá una respuesta, aprobando o denegando la autorización, en un plazo de 10 días hábiles administrativos para la primera vez, y de 3 días para los trámites de continuidad.

90 DÍAS

Finalmente, las autorizaciones emitidas por el ANMAT tendrán una validez de 90 días corridos ante la Dirección Nacional de Aduana. Podrá advertirse, que en casos extraordinarios, como habitualmente sucede en patologías altamente discapacitantes o graves enfermedades, contamos con una normativa específica que autoriza dichas importaciones, cuya finalidad inmediata ha sido brindar la mayor y mejor calidad de vida posible a un paciente gravemente enfermo. Por tanto, conocer el presente régimen legal, acortara los eternos periplos que ocurren en dichas situaciones. Por ello, los vuelvo a invitar a que "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios"

Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com


 

lunes, 17 de agosto de 2020

CONSUMIDORES HIPER VULNERABLES Y PAUTAS PARA TUTELA EFECTIVA


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A nadie le cabe ninguna duda, que la nefasta pandemia, no solo altero el mundo sanitarista, sino que llego para complejizar aún más, ciertas situaciones de consumo, circunstancia esta que dificulto mucho más, la resolución de conflictos entre los usuarios/consumidores y los distintos tipos de proveedores, poniendo en la cúspide de dichas conflictivas a los grupos mayormente, más vulnerables que el resto de la sociedad, dentro del cual se hallan las personas con diversas discapacidades.

Nuestra Constitución Nacional garantiza a los consumidores en el marco de las relaciones de consumo, la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, el derecho a una información adecuada y veras, a la libertad de elección y fundamentalmente a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo todas las autoridades competentes, proveer a la protección de tales derechos, estableciendo para ello, los procedimientos idóneos para, por un lado, la prevención y por el otro, la resolución de dichos conflictos. La vulnerabilidad estructural a la que están expuestos todos los consumidores, se agrava aún más, en razón de la edad, genero, condición psicofísica, nacionalidad, etc., lo que obliga a adoptar medidas de tutela efectiva diferenciada para algunos grupos humanos.

Por su parte, el art 75 inc. 23 de la Carta Magna impone la necesidad de promover medidas de acción positiva, que no es más, que garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, así como el pleno goce y ejercicio de los derechos, reconocidos tanto en aquel instrumento como en los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños y niñas, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Dichos colectivos también se encuentran alcanzados por la protección de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumentos todos que gozan de jerarquía constitucional. En tanto, los adultos mayores, se encuentran alcanzados por las previsiones de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Asimismo, vale recordar que la ley 24.240 y sus modificatorias (ley de Defensa del Consumidor), brinda el marco normativo protectorio, enumerando derechos que están reconocidos a los consumidores, contemplándose a su vez, las obligaciones de los Proveedores. Así pues, la autoridad de aplicación de la ley, propicia la organización de Tribunales Arbitrales para actuar como amigables componedores, con la finalidad de resolver las controversias que se susciten en virtud de lo previsto en dicha norma. Es así, que atendiendo a la necesidad de dar solución a los conflictos, se dictó la ley 26.993 de "Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo", creándose el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo.

Por el mismo, se habilita la presentación de reclamos por los consumidores de manera electrónica, formalizándolo mediante un Formulario que requiere: datos de identificación del consumidor y del proveedor como también, especificaciones inherentes al conflicto denunciado. También se dispuso de un Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito, destinado a la asistencia de los consumidores y usuarios que así lo requieran.

En otro orden de ideas, con el objetivo de facilitar la interposición de los reclamos de los consumidores de todo el país, se estableció una plataforma electrónica que se institucionalizo mediante la Disposición 663/19 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Secretaria de Comercio Interior del ex Ministerio de Producción y Trabajo, implementándose la "Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor".

Este sistema es gratuito, permitiéndole a cualquier consumidor que hubiere padecido incumplimientos en su contratación de consumo, la posibilidad de plantear su reclamación de forma ágil, a fin de obtener una solución a su problema. Atento a ello, las consecuencias en el marco de las relaciones de consumo, que ha potenciado la emergencia sanitaria a raíz del Covid 19, puso de relieve la necesidad de establecer mecanismos específicos para la tutela de consumidores hipervulnerables. Son aquellas personas humanas que se encuentren incluidas en otras situaciones de vulnerabilidad, en razón de su edad, genero, estado físico o mental, o circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como cualquier otro consumidor.

Asimismo revestirán esta condición, las personas jurídicas sin fines de lucro que orienten sus objetivos sociales a los colectivos mencionados.

En todos los procedimientos administrativos en los cuales estén involucrados los consumidores hipervulnerables, habrá que observar los siguientes principios fundamentales. Lenguaje accesible: toda comunicación deberá utilizar lenguaje claro, coloquial y expresado llanamente. Deber reforzado de colaboración: los proveedores deberán tener un comportamiento tendiente a garantizar la adecuada y rápida composición del conflicto, prestando para ello, su máxima colaboración.

Todas estas pautas fueron previstas en la Res. 139 del 28 de mayo del corriente año dictada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Así pues, se invitó tanto a las provincias como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas que garanticen en sus jurisdicciones, una efectiva tutela de acompañamiento para los integrantes de estos grupos hipervulnerables.

Ante un escenario tan conflictivo en época de pandemia, yace aquí una norma de la que echar mano en caso de ser necesario. Como siempre les reitero mi formal invitación "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios".


CAUSAS DE HPERVULNERABILIDAD

Podrán constituir causas de hipervulnerabilidad, entre otras, las siguientes condiciones:

a- Reclamos que involucren derechos o intereses de niños y adolescentes,

b- Ser personas pertenecientes al colectivo de LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero),

c- Ser personas mayores de 70 años,

d- Ser persona con discapacidad conforme certificado que así lo acredite,

e- La condición de persona migrante o turista,

f- La pertenencia a comunidades de pueblos originarios,

g- Ruralidad,

h- Residencia en barrios populares,

i- Situaciones de vulnerabilidad socio-económica acreditada

La autoridad de aplicación deberá tener entre sus objetivos y funciones:

a- Prever procedimientos expeditos para la resolución de los conflictos que involucren a los consumidores hipervulnerables,

b- Orientar, asesorar y brindar asistencia a los consumidores hipervulnerables en la interposición de sus reclamos,

c- Facilitar los ajustes razonables para el pleno ejercicio de los derechos de los consumidores hipervulnerables en los procedimientos administrativos,

d- Articular la intervención del Servicio de Patrocinio Gratuito, etc.

Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com


lunes, 3 de agosto de 2020

EL ARGENTINO JEAN MAGGI SUBIÓ AL HIMALAYA CON SU BICICLETA DE MANO Y EL DOCUMENTAL CON SU HISTORIA ES FUROR EN NETFLIX

El argentino Jean Maggi subió al himalaya con su bicicleta de mano y el documental es furor en Netflix
“El infarto me salvó la vida”. Sí, aunque parezca increíble, la frase de Jean Maggi es real. Así se expresó en el documental “El límite infinito”, que se estrenó en Netflix en junio de este año. Allí, Maggi relata cómo fue llegar a la cumbre del Himalaya con una bicicleta adaptada en 2015.
En el transcurso del documental, de 47 minutos, se repasa la vida de Maggi, que perdió la movilidad de sus piernas por la poliomelitis. “Llegamos a Netflix por 100 Bares, la productora de Campanella. Cuando resolvimos hacerlo fue nuestro norte”, explicó el cordobés.
“El límite infinito” está subtitulado para todos los idiomas y ya llegó a 183.000.000 de suscriptores.
Durante el documental, Maggi cuenta cómo sufrió su discapacidad de niño. “En las clases de educación física me daban hora libre, por ejemplo”, relata. O que iba caminando por las calles y las señoras le tocaban la cabeza y le decían “pobrecito”. Por eso, cuando llegó a la cumbre del Himalaya gritó: “Me gustaría que estén acá”.
También contó cuando rozó la muerte: “Tuve un infarto y cuando salí del quirófano crucé mi mirada con la de mi mujer Victoria. Ahí me di cuenta que tenía que cambiar. Por eso digo que el infarto me salvó la vida”.
Y empezó otra vida. Más saludable y amigable. Y mucho deporte: básquetbol, tenis, ski de nieve y equitación. Entonces llegó su primera bici y con ella su participación en el maratón de Nueva York de 2003. Fue la línea de partida.
Hasta que llegó la propuesta de subir al pico más alto del mundo con su bicicleta. Fueron 109 días de entrenamiento para alcanzar el Himalaya. Más de seis horas por día durante seis días de preparación. Por eso la emoción y la alegría tras 11 días hasta conseguir el objetivo con la bandera argentina.
El cierre del documental muestra la otra faceta. La de la solidaridad. “Se me ocurrió crear una fábrica de bicicletas adaptadas donde trabajan personas con discapacidad”, explicó. Está claro que es como dice el documental: el límite es infinito.

martes, 28 de julio de 2020

PROTOCOLO PARA LA HOSPITALIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD


Autoridades de salud visitan a pacientes hospitalizados por COVID ...
El Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad, elaboraron un documento más que importante a tener en cuenta, si una PCD tuviera que ser hospitalizada, sea por Covid 19 o por cualquier otro tipo de dolencia. Situación de apoyos y cuidadores.

Es dable destacar, que son muchos los individuos con discapacidades, quienes requieren a lo largo de sus vidas de ciertos apoyos para el desenvolvimiento de sus vidas cotidianas. Estos suelen ser necesarios, para su vida en el hogar, para alimentarse, para su movilidad, para asearse, para caminar, para estudiar, para trabajar, en síntesis, para poder llevar a cabo muchas de las tareas que las personas que no tienen discapacidad no precisan. Dicho esto, al momento que se confirman los síntomas compatibles con Coronavirus y el criterio indicado, fuere la hospitalización, las PCD seguramente requerirán contar con los mismos apoyos, para poder continuar su vida dentro del establecimiento sanitario adecuadamente. 

Fue, atento a tal circunstancia, que ambos organismos estatales decidieron realizar el "Protocolo de Sistemas de Apoyos para personas con discapacidad hospitalizadas por Covid 19". A tenor de ello, devino imprescindible, la capacitación del equipo de salud, que atenderá a ese paciente. A la hora de tener qué evaluar y tratar a un paciente detentador de cualquier clase y tipo de discapacidad, con sospecha o confirmación de Covid 19, es conveniente tener en cuenta siempre: las PCD tienen las mismas enfermedades que el resto de la población, pero suele ocurrir que la forma en que responden o comunican sus síntomas, pueden ser muy diferente y no tan obvias. De allí, que la presencia del apoyo o cuidador, sea fundamental tanto para la comunicación como para la contención del paciente, mejorando de ese modo, el curso evolutivo de la enfermedad de la mejor manera posible.
La participación del apoyo durante la internación, implicara quedar internado conjuntamente con la PCD durante todo el tiempo que aquella deba permanecer institucionalizada. Lo primero ante este tipo de situación que debiera definirse, será precisar la necesidad de internación en una institución sanitaria, o bien la posibilidad de llevar a cabo una internación domiciliaria. Los galenos suelen indicar en primera instancia tener en cuenta la situación clínica del paciente así como las condiciones de su entorno. 

Así pues, prioritariamente evaluaran la posibilidad de llevar a cabo una internación en el ámbito de su domicilio, pues el mismo presupone un entorno más favorable para su cuidado, y permite en múltiples casos, que la atención del apoyo o cuidador sea sostenible en el tiempo. 

Ahora bien, respecto al apoyo o cuidador es importante señalar, que si durante la evaluación epidemiológica cumple con la definición de "contacto estrecho" podrá optar por permanecer internado en forma conjunta con la PCD, o en el caso que el apoyo o cuidador fuere considerado contacto estrecho, opte o bien se hallare dentro de los grupos considerados de riesgo, deberá cumplir con las pautas establecidas para el aislamiento de los contactos estrechos dispuestas por las autoridades sanitarias. 

En cambio, cuando el apoyo o cuidador no fuere considerado contacto estrecho, fundamentalmente deberá utilizar elementos de protección personal de acuerdo con las recomendaciones vigentes ya conocidas. El apoyo o cuidador se erigirá como nexo entre el equipo de profesionales de la salud que brinde atención durante la internación y el paciente con discapacidad. Generalmente son los que conocen bien a la persona con discapacidad, cuentan con conocimiento certero acerca de las medidas a tener en cuenta para su cuidado, lo que hace relevante sin duda su presencia durante esta etapa. 
Así pues, podrá informar a los médicos sobre la existencia de comorbilidades, medicación que toma, respecto al comportamiento de la persona en situaciones límites como lo son la hospitalización y el aislamiento.

Asimismo, se recomienda usar lenguaje simple y claro, evitando el uso de términos médicos, hablar de manera pausada sin exagerar. Es, fundamental dirigirse a la persona al hablar con ella, y no a su apoyo. 
Por otro lado, es factible que algunas personas con discapacidad no puedan comunicarse de distinta forma o medio, o bien lo hagan, utilizando formatos distintos a los que los miembros del equipo de salud conocen. En este caso, es conveniente preguntarle al apoyo cual es el método de comunicación que el paciente utiliza. De igual modo, debe tratarse a la persona con discapacidad de acuerdo a su edad cronológica, quizás ello le insuma un poco más de tiempo, pero vale la pena. 

Se deberá explicar al paciente anticipadamente, los pasos a seguir, como así también las pruebas que se le harán, el tratamiento que va a necesitar, etcétera. Poder manejar tal información dará a la PCD, mayor seguridad y tranquilidad. Entiendo que uno de los deberes más relevantes a tener en cuenta por el equipo médico tratante, es el asegurar por todos los medios el derecho a la información y al consentimiento informado.

Es que las personas con discapacidad al igual que el resto de la población, son titulares tanto del derecho a la información del paciente como del de prestar el consentimiento informado. Es importante saber, que las personas con discapacidad por el mero hecho de tener discapacidad, no carecen intrínsecamente de capacidad de comprensión. Sólo podrá prescindirse de su consentimiento, en caso de riesgo grave e inmediato para la integridad, circunstancia que le será comunicada de manera celera al apoyo o cuidador. Para poder cumplir con todos estos recaudos, la información deberá ser accesible y de sencilla comprensión. Lo esencial será garantizar que la PCD pueda participar en la toma de decisión, en la medida de lo posible, a lo largo de todo el proceso de su internación, permitiéndosele, si la persona con discapacidad lo requiriera, estar acompañada por su apoyo o cuidador. Cabe señalar que los ajustes razonables en la atención médica, es una verdadera obligación legal antidiscriminatoria a adoptar, siempre que las condiciones lo permitan. Para ello, puede preguntársele a la persona o a su apoyo, cuales son las medidas que pueden adoptarse y que permitan que aquella colabore más activamente, comprendiendo mejor la situación y de ese modo facilitar la labor del equipo de salud.

El objetivo de tales ajustes pasa por la simple la eliminación de barreras, hacer las cosas de una forma distinta, adaptarlas a un formato que permita el entendimiento y la comunicación con la PCD. 

Por ejemplo, el uso de mascara facial que permite a una persona con discapacidad auditiva leer los labios al momento de transmitirse la información, autorizar el acompañamiento del apoyo o cuidador, etcétera.
De igual modo, en caso de ser necesario, el equipo de salud podrá recabar información pormenorizada del paciente al conjunto de profesionales que lo atienden habitualmente. Ellos podrán ayudarlos en el manejo de los problemas de comunicación, ajustes de las condiciones ambientales, etcétera. Serán los apoyos y cuidadores quienes faciliten tales datos de contacto.
SEGÚN LA DISCAPACIDAD
El protocolo contempla recomendaciones específicas según la discapacidad de la persona. Respecto a las personas con discapacidad auditiva: habrá que garantizar la lengua de señas argentina. 
Si el establecimiento sanitario no poseyera interprete, puede acudirse al apoyo o cuidador de la persona con discapacidad, para que lo acompañe en su hospitalización o en su defecto, la posibilidad de utilizar un dispositivo electrónico (celular, tablet) que le permita al equipo de salud comunicarse directamente con el paciente o en su caso con el apoyo a través de video llamada. La ANDIS cuenta con intérprete para quienes lo necesitaran para hacer la traducción a la lengua de señas tanto para el paciente con Covid 19 como los miembros del equipo de salud.
En relación a las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, dichas recomendaciones apuntan a garantizar la participación del apoyo o cuidador del paciente con discapacidad, utilizar palabras sencillas, claras y accesibles para que la PCD pueda comprender toda actividad médica. Es fundamental hablarle directamente a la persona, para brindarle tranquilidad en esa nueva situación de aislamiento y con la participación del apoyo o cuidador, valerse de comunicación alternativa, aumentativa, pictogramas, láminas, símbolos, dibujos, etcétera.
Respecto a las personas con discapacidad, que no estén dentro de las dos categorías precedentes, las recomendaciones aluden, por un lado a garantizar la participación del apoyo o cuidador de la PCD en las condiciones de internación que establezca la necesidad de acompañamiento, siempre y cuando, la persona con discapacidad preste su conformidad.
Finalmente cabe resaltar, que el acompañamiento de un apoyo o cuidador, es un legítimo derecho de la PCD al ser hospitalizada. Ella y solo ella decidirá la presencia de aquel. En todos los casos, el apoyo o cuidador, deberá cumplir con todas las instrucciones que en materia de seguridad y comportamiento, necesitan las personas con y sin discapacidad mientras dure el aislamiento.
Por último, se recomienda que el apoyo o cuidador sea la misma persona durante toda la internación. Deberá permanecer en forma conjunta en la internación, mientras dure la institucionalización sanitaria. En ningún caso, deberá pertenecer a un grupo de riesgo, ni convivir con personas con riesgo aumentado.
Quien ejerza la función de apoyo o cuidador, será identificado como contacto estrecho. Como tal deberá cumplir con los 14 días de aislamiento, a partir del alta de aislamiento de la persona con discapacidad o de su egreso institucional, lo que primero ocurra. 
A tenor de lo narrado, podrá advertirse que este derecho del cual la persona es titular, jamás puede ser vulnerado, menos aún ante un escenario tan adverso como es el que estamos transitando durante esta pandemia. Por ello, como siempre insisto "Ejerzan sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios".

Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com

martes, 21 de julio de 2020

EL DERECHO A LOS AUDÍFONOS Y SU COBERTURA

Audífono Phonak Bolero V | Phonak

Hipoacusia bilateral ¿Qué es? | Comaudi México

Un fallo excepcional endereza, sin duda alguna, conductas recurrentes por parte de los efectores de salud en esta materia

Es frecuente que quienes poseen algún tipo de discapacidad auditiva, requieran de dispositivos eficientes que procuren atemperar tal restricción. Esos dispositivos son los bien ponderados audífonos, los que ya existen en el mercado, y los hay de diversas clases y costos.
Pero, ¿qué sucede cuando el médico tratante los indica, de forma específica (por marca y/o modelo) atento los requerimientos del paciente? Indudablemente comienza un camino realmente sinuoso y conflictivo, con el fin de obtener la cobertura integral de aquellos, por parte de los efectores sanitarios, obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Como punto de partida del presente análisis, deberemos hacer algunas consideraciones normativas, tanto nacionales como internacionales que garantizan su provisión. Y, en segundo término, informare respecto de un fallo ejemplar que tuvo en consideración tal situación, pues ordena a una prepaga la cobertura integra de dos audífonos de una marca específica, que fueron fundadamente prescriptos por el médico tratante del paciente.

Conforme lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Argentina decidió jerarquizar un especifico régimen protectorio del derecho a la salud de las PCD, disponiendo en su Art. 1 cuáles son sus propósitos: "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". 
Sin perjuicio de ello, este compromiso ratificado por nuestra nación, se encuentra específicamente legislado a través de la ley 24.901, mediante la cual se creara un Sistema de Prestaciones Básicas de Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Así pues, la norma determina cuales son los criterios de valoración que deben tenerse en cuenta en cada caso en particular, sea para la provisión de prótesis, órtesis, ayudas técnicas, etc., previendo que deberán proveerse los necesarios de acuerdo con las características del paciente, el periodo evolutivo de la discapacidad, la integración social de aquel, y todo ello, conforme la prescripción galena.
Desde el prisma normativo, se viene sosteniendo reiteradamente que el derecho a la salud se halla reconocido en tratados internacionales con rango constitucional Art. 75 Inc. 22. Entre ellos: el Art 12 Inc. C del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Arts. 4 y 5 de la Convención sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"; Art 6 Inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, extensivo no solo a la salud individual sino también a la colectiva.
JURISPRUDENCIA
Ante este escenario pormenorizado, haré un breve relato de un fallo excepcional que endereza, sin duda alguna, conductas recurrentes por parte de los efectores de salud en esta materia. El Juzgado Federal de Córdoba 1 en la causa 22354/2019 caratulada B. J. E. c/ OMINT S.A. s/PRESTACIONES QUIRÚRGICAS.
En este caso, el paciente padece Síndrome de Usher y Retinosis Pigmentaria, con disminución de su campo visual e hipoacusia bilateral severa. Por tal razón, ha debido utilizar audífonos, los cuales le dificultaban la comunicación. Por ello, solicita a su cobertura social, audífonos que mejor se adaptan a su condición de base actual, que en este caso eran de la marca, Modelo Bolero V70 M. Ante tal petición, la prepaga le autorizo audífonos de inferior calidad y sustancialmente más económicos.
Frente a tal circunstancia, decide promover un amparo por su derecho a la salud vulnerado. En ese contexto, el juez argumento que según la CPCD, instrumento internacional con jerarquía constitucional ley 27.044/2014, el Estado Argentino decidió jerarquizar un específico régimen protectorio del derecho a la salud de las PCD. 
Asimismo sostuvo que la ley 24.901 dispone criterios de valoración a tener en cuenta para la provisión de prótesis, órtesis, ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos, sindicando que se deberán proveer los necesarios de acuerdo con las características del paciente, el periodo evolutivo de la discapacidad, la integración social del mismo, y según la prescripción del médico especialista en medicina física y rehabilitación y/o equipo tratante o su evaluación ante la prescripción de otro especialista. Es por ello, que para decidir otorgarle los audífonos, el juez pondero que el accionante se desenvuelve diariamente de manera activa en la sociedad, tanto en el ámbito laboral como en el universitario, por lo que su discapacidad auditiva no debe erigirse como una barrera para el logro de su integración social plena y efectiva como reza la Convención, más aun, teniendo en cuenta que el paciente presenta también importantes restricciones de carácter visual.

El paciente inicia un amparo en contra de su medicina prepaga OMINT S.A., en procura de que se le reconozca la cobertura integra del 100% de los audífonos Phonak Bolero V70M, para ambos oídos con más el seguimiento clínico en un Centro Auditivo Especializado. Afirma que dichos dispositivos, son los únicos que cumplen con las características requeridas, de acuerdo a los diagnósticos médicos de sus galenas tratantes.
}Asimismo, que el tratamiento y seguimiento de atención respecto a su uso diario, es de vital importancia, que por extensión, es también la profesionalidad de los médicos especializados en la materia, para la regulación de aquellos. Así pues, la Prepaga le solicita el envió de tres presupuestos, los que fueron remitidos por el actor en debida forma, sin obtener respuesta alguna de la accionada. Ante aquel silencio, decide emplazarla mediante carta documento, especificando en dicha misiva las prescripciones médicas ya remitidas.
 Cabe señalar, que el paciente se encontraba equipado con audífono en oído izquierdo hace varios años, pero con escaso rendimiento. En cambio, luego de la prueba efectuada por la profesional, de los audífonos prescriptos para ambos oídos, se advirtió que tanto en ambientes silentes como con ruido competente se logro un 100% de rendimiento en el reconocimiento a formato abierto de palabras bisílabas y un 90% en oraciones, sin lectura labial. Por todo ello, el juez resolvió hacer lugar a la demanda de amparo incoada en detrimento de la Empresa de Medicina Prepaga OMINT S.A y en consecuencia, condenarla a que en el término de 15 días, de cobertura integra del 100% y provea dos audífonos Phonak Bolero V70M.

Resulta de lo descripto, podrá vislumbrarse que estamos ante un importante antecedente para las personas con discapacidad auditiva, debido a que el otorgamiento de los audífonos solicitados, no fue resuelto como medida cautelar sino como cuestión de fondo es decir sin haberse requerido el diligenciamiento de todas las pruebas ofrecidas por el amparista. Por todo lo explicitado, ya existe de manera contundente una jurisprudencia que garantizara la cobertura de tales dispositivos para obtener con los mismos, una mayor y mejor calidad de vida para los integrantes de este maravilloso colectivo. Vuelvo nuevamente a invitarlos a "Ejercer sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios".


Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com

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