sábado, 9 de enero de 2021

La CGT interrumpirá las vacaciones para tratar la reforma del sistema de salud




La CGT interrumpirá las vacaciones para tratar la reforma del sistema de salud: teme que el kirchnerismo avance sobre el control de los fondos de las obras sociales

Deliberará el lunes en UPCN y pedirá información a las autoridades nacionales. Se analizaban cambios para revertir la desfinanciación del sistema sindical de salud, pero ahora hay incertidumbre. Alberto Fernández les prometió soluciones a los prestadores del sector privado
La mesa chica de la CGT analizará este lunes la reforma del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo

¿ Se viene una nueva reforma en el sistema de salud?

Las vacaciones de la CGT fueron muy cortas. Los integrantes de la mesa chica de la central obrera interrumpirán su descanso para hablar este lunes, a las 16, en la sede de UPCN, sobre un tema excluyente: la reforma del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo y de la que aún siguen sin tener detalles.

 

La inquietud crece porque la cúpula cegetista no tiene buena relación con Cristina Kirchner y teme que los cambios proyectados apunten a apropiarse de los fondos de las obras sociales para subordinarlos a un esquema centralizado. Por eso intercambiarán opiniones y prevén pedir una audiencia con las autoridades nacionales para pedirles precisiones sobre el supuesto plan que fue elaborado en el Instituto Patria.

Algunos de los presuntos contenidos de la reforma del sistema de salud que trascendieron en los medios coinciden con propuestas ya efectuadas por la central obrera al Gobierno para revertir el desfinanciamiento de las obras sociales, pero el gran problema de los dirigentes de la CGT es que desconfían de las intenciones de quienes impulsarían el proyecto dentro del oficialismo.

En el Instituto Patria, como hay mucho hermetismo sobre el tema: uno de sus miembros se negó a dar detalles sobre el tema porque “es un secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan (de reforma del sistema de salud) existe y se comenzó a escribir en septiembre”.

En otros sectores del Frente de Todos buscaron restarle dramatismo a los cambios que se analizan y aseguraron que se trata “sólo de la idea de un seguro único de salud y la integración vertical de las estructuras del sistema, que están duplicadas o triplicadas, y lo mismo sucede con el gasto”.

Es decir, nada de una estatización lisa y llana, como Alberto Fernández le garantizó esta semana a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y temen en las empresas de medicina privada, pero sí una mayor presencia del Estado en el sector sanitario porque, como dijo el Presidente, “el sistema de salud tiene un problema estructural que hay que revisar”. En la misma sintonía, Cristina Kirchner sostuvo que “vamos a tener que repensar todo el sistema de salud en la Argentina para hacer un uso más eficiente de los recursos”.

Todos sospechan que detrás de la elaboración del proyecto está Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, y sus técnicos de la Fundación Soberanía Sanitaria, supervisados por Daniel Gollán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y coordinador de la Comisión de Salud del Instituto Patria.

En un documento difundido en 2019, “Ejes centrales para un programa de salud 2020/2024″, se propone la creación de un sistema único de salud del que dependerán las prepagas y las obras sociales y que incluso centralizará las distintas instancias de control estatal, con lo cual será más difícil que los dirigentes gremiales mantengan su capacidad de presión sobre la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los fondos de las obras sociales. Unificar el control y la conducción del sistema, con una descentralización operativa, sería uno de los ejes de la propuesta que impulsaría el kirchnerismo.

La cúpula cegetista, a través de José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT y uno de los mayores expertos en el sistema de salud, conversan con el Ministerio de Salud y la Superintendencia sobre algunos cambios para aliviar el déficit crónico de las obras sociales, luego de convencer al Presidente de buscar una solución a este tema, pero hay incertidumbre: nadie sabe si esas medidas sobrevivirán con la reforma K.

 

Funcionarios y sindicalistas estaban de acuerdo en limitar el traspaso de los afiliados de las obras sociales y en evitar la triangulación de aportes para que las prepagas se queden con los recursos de los trabajadores de mejores ingresos. Está decidido que aumentará la cápita que pagan los monotributistas para acceder a las prestaciones de las obras sociales y, además, buscan alternativas para que el Estado pague el 100% de algunos de los gastos por discapacidad que afronta el sistema sindical de salud. Tiene un destino más incierto la propuesta gremial de que el Estado se haga cargo de pagar los medicamentos más costosos.

La CGT había quedado en retomar en enero las conversaciones con el titular de la Superintendencia, Eugenio Zanarini, que se infartó el mismo 31 de diciembre en que Alberto Fernández decidió y dejó sin efecto el aumento del 7% para las prepagas. Con su interlocutor convaleciente, los sindicalistas deberán recurrir al ministro de Salud, Ginés González García, con quien mantienen una relación zigzagueante y que tiene un inconveniente: está en un momento de fragilidad luego de los traspiés acumulados en la gestión. El último se produjo cuando fue filmado mientras les decía a médicos del Hospital Posadas que el Presidente “está nervioso porque no llegan los papeles” para que la vacuna rusa pueda aplicarse a los mayores de 60 años.

Mientras, las empresas de salud del sector privado acumulan preocupaciones similares a las que tienen los sindicalistas. Algunas en una peor situación, en realidad, luego de que Alberto Fernández asegurara que quiere “algún tipo de control del Estado (para las prepagas) porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos”. Apenas 24 horas antes, se había mostrado dispuesto ante Belocopitt en buscar compensaciones para aliviar a las prepagas ante la falta de incremento de las cuotas.

Entre las prepagas y las obras sociales, como el jamón del sándwich, están los prestadores de salud (desde clínicas, sanatorios y hospitales de comunidad hasta laboratorios, centros de diagnósticos y servicios de emergencia médica, pasando por institutos de salud mental y geriátricos), sector en crisis porque los aranceles prácticamente no suben desde hace un año. Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), las empresas de la actividad también pudieron reunirse hace 48 horas con Alberto Fernández.

“Le dijimos que estamos en una situación insostenible, casi terminal. Hay que buscar algún tipo de financiamiento, ya sea de las obras sociales, del PAMI o de las prepagas, o de la ayuda que pueda brindarnos el Estado mientras se recomponen los aranceles”, el presidente de FAPS, José Sánchez.

Según el empresario, “el Presidente entendió con claridad la problemática del sector prestador y sostuvo que nosotros somos las víctimas del sistema y los que más habíamos puesto el hombro en la emergencia sanitaria”. Y por eso Fernández se comprometió a que iba a encontrar alguna solución para el lunes próximo.

¿Les habló sobre la reforma del sistema de salud que se proyecta? “No, aunque en algún momento esbozó que hay que buscar algún sistema donde la plata drene con mayor facilidad hacia los prestadores”, dijo Sánchez, partidario de que se acuerden “en una mesa de consenso” los cambios en el esquema sanitario.

Pasó una semana en la que los cambios en el sistema de salud estuvieron en un primer plano, aunque aún nadie sabe de qué se tratan y, por ende, nadie tampoco pudo opinar sobre sus misteriosos alcances.

Raro procedimiento por parte de quienes manejan los resortes del Estado y deciden sobre la salud de todos los argentinos en medio de una pandemia. Si desde el kirchnerismo se proyecta una reforma, se preguntan empresarios y sindicalistas, ¿no debería transparentarse su contenido de una vez por todas? En esto, el silencio no es salud.

Los sindicalistas están desorientados, además, porque estaban avanzando con las autoridades en definir el aumento del aporte que pagan los monotributistas para atenderse en las obras sociales, pero hace pocos días la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció una actualización de las escalas y las cuotas del monotributo desde 2021 y allí estableció que aquella cápita aumentará un 35%, ya que de $1041,22 pasará a $1408,77. Para la dirigencia gremial, son valores menores a los conversados en las últimas semanas con el Gobierno y no son suficientes: por ese monto deben darle al monotributista las mismas prestaciones médicas mínimas que a un trabajador en relación de dependencia, que aporta más al sistema.

Mientras, las empresas de salud del sector privado acumulan preocupaciones similares a las que tienen los sindicalistas. Algunas en una peor situación, en realidad, luego de que Alberto Fernández asegurara que quiere “algún tipo de control del Estado (para las prepagas) porque captan ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos”. Apenas 24 horas antes, se había mostrado dispuesto ante Belocopitt en buscar compensaciones para aliviar a las prepagas ante la falta de incremento de las cuotas.

Entre las prepagas y las obras sociales, como el jamón del sándwich, están los prestadores de salud (desde clínicas, sanatorios y hospitales de comunidad hasta laboratorios, centros de diagnósticos y servicios de emergencia médica, pasando por institutos de salud mental y geriátricos), sector en crisis porque los aranceles prácticamente no suben desde hace un año. Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), las empresas de la actividad también pudieron reunirse hace 48 horas con Alberto Fernández.

“Le dijimos que estamos en una situación insostenible, casi terminal. Hay que buscar algún tipo de financiamiento, ya sea de las obras sociales, del PAMI o de las prepagas, o de la ayuda que pueda brindarnos el Estado mientras se recomponen los aranceles”, afirmó a Infobae el presidente de FAPS, José Sánchez.

Según el empresario, “el Presidente entendió con claridad la problemática del sector prestador y sostuvo que nosotros somos las víctimas del sistema y los que más habíamos puesto el hombro en la emergencia sanitaria”. Y por eso Fernández se comprometió a que iba a encontrar alguna solución para el lunes próximo.

¿Les habló sobre la reforma del sistema de salud que se proyecta? “No, aunque en algún momento esbozó que hay que buscar algún sistema donde la plata drene con mayor facilidad hacia los prestadores”, dijo Sánchez, partidario de que se acuerden “en una mesa de consenso” los cambios en el esquema sanitario.

Pasó una semana en la que los cambios en el sistema de salud estuvieron en un primer plano, aunque aún nadie sabe de qué se tratan y, por ende, nadie tampoco pudo opinar sobre sus misteriosos alcances.

Raro procedimiento por parte de quienes manejan los resortes del Estado y deciden sobre la salud de todos los argentinos en medio de una pandemia. Si desde el kirchnerismo se proyecta una reforma, se preguntan empresarios y sindicalistas, ¿no debería transparentarse su contenido de una vez por todas? En esto, el silencio no es salud.

Fuente : Infobae

 

viernes, 8 de enero de 2021

El gobierno provincial aprobó el proyecto de construcción de la tercera etapa del Complejo Integral Los Tiburones.





En el Palacio Municipal, el Intendente Nizar Esper se reunió con el Coordinador del Complejo Integral Los Tiburones  y Subsecretario de Inclusión de la Provincia de Santa Fe, Patricio Huerga, con el objetivo de impulsar la realización de la 3° etapa del edificio, la cual refiere a la conformación de un centro cultural.

La información brindada por el Municipio señala: "que desde nuestra gestión en conjunto con Patricio, se empezó a diagramar y coordinar acciones para hacer realidad este proyecto, y continuar así con el desarrollo de los trámites y el posterior traslado de las gestiones a la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, Silvina Frana". 

La 1ª etapa del Complejo Integral Los Tiburones fue inaugurada el 6 de diciembre del 2007: pileta climatizada, baños y vestuarios, hall de entrada, sala de reuniones 

El 4 de diciembre del 2015 se inauguró la 2ª Etapa, el Gimnasio con 800 metros cuadrados cubiertos.

De acuerdo a lo informado, se avanzaría con la 3ª etapa del proyecto integral Los Tiburones, correspondiente a un Centro Cultural, en tanto no se brindaron detalles si se trató el tema de la habilitación de la pileta climatizada del Complejo, la cuál se encuentra cerrada desde abril de 2019, cuando tras una denuncia anónima, Litoral Gas cortó el servicio, colocando un cepo al medidor y solicitando la adecuación de las instalaciones a las medidas vigentes, después de lo ocurrido en el edificio de calle Salta en Rosario.

RESOLUCIÓN 1/2021 LA FIBROSIS QUISTICA TIENE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD





MINISTERIO DE SALUD Y AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Resolución Conjunta 1/2021

RESFC-2021-1-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 05/01/2021

VISTO las Leyes Nros. 22.431, 24.901, 25.504 y 27.552, el Decreto N° 884 del 11 de noviembre de 2020, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 675 del 12 de mayo de 2009 y sus modificatorias Resolución N° 232 del 31 de agosto de 2018 y N° 512 del 19 de diciembre de 2018 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la Disposición del ex Servicio Nacional De Rehabilitación N° 500 del 17 de junio de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 10 de la Ley N° 24.901 establece que la discapacidad deberá acreditarse conforme a lo establecido por el artículo 3º de la Ley N° 22.431 y por leyes provinciales análogas.

Que el artículo 3º de la Ley Nº 22.431 (según modificación introducida por la Ley Nº 25.504) determina que el Certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la citada ley.

Que por el Decreto N° 698 del 5 de septiembre de 2017 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, en tanto que por el Decreto N° 95 del 1 de febrero de 2018 se suprimió el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION y se transfirió a la órbita de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, la que será continuadora a todos los efectos legales del precitado organismo, entre cuyas competencias se encontraba la elaboración e instrumentación de los criterios nacionales de certificación y valoración de la discapacidad.

Que la Resolución N° 675/09 del MINISTERIO DE SALUD, modificada por las Resoluciones Nº 232/18 y N° 512/18, aprobó el Modelo de Certificado Único de Discapacidad (CUD) a que se refiere el artículo 3º de la Ley N° 22.431 y el Protocolo de Evaluación y Certificación de la Discapacidad.

Que mediante la Disposición del ex Servicio Nacional De Rehabilitación N° 500/15 se aprobó la normativa para la certificación de personas con discapacidad física de origen visceral. Que la Ley Nº 27.552 declaró de interés nacional la lucha contra la enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis.

Que el primer párrafo del artículo 7º de la Ley citada dispone que “confirmado el diagnóstico de la persona con fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis por parte de autoridad competente, corresponderá al Ministerio de Salud de la Nación en los términos de la Ley N° 25.504 el otorgamiento inmediato del Certificado Único de Discapacidad a la persona diagnosticada, el cual será de por vida.”

Que al promulgar la Ley Nº 27.552 el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el artículo 3º del Decreto Nº 662/20 observó, en el artículo citado, la expresión que dice “…, el cual será de por vida”.

Que los fundamentos de la referida observación, vertidos en el decimotercer considerando del Decreto Nº 662/20, dan cuenta del viraje “de la concepción de la discapacidad según el modelo médico-hegemónico, el cual pone el acento en la enfermedad, al modelo social, que hace hincapié en las limitaciones provenientes del entorno y la sociedad, reconociendo a la discapacidad como un concepto dinámico, en constante evolución” que instaló la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país por Ley Nº 26.378 y con jerarquía constitucional por Ley N° 27.044.

Que en el decimosegundo considerando del Decreto Nº 662/20 se señaló que “el proyecto de Ley sancionado, al referirse al otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad previsto en el artículo 7º del proyecto se aparta de la concepción de las personas, que en nuestro país, responde al del modelo universal con enfoque biopsicosocial, el cual concibe a la persona con discapacidad desde su complejidad” de modo tal que “la sola presencia de una determinada condición de salud –aun cuando sea irreversible- no implica per sé discapacidad, sino que la existencia de dicha condición es la puerta de entrada para la evaluación del perfil de funcionamiento de la persona, el cual se encuentra influenciado por una compleja combinación de factores, desde las diferencias personales de experiencias, antecedentes y bases emocionales, construcciones psicológicas e intelectuales, hasta el contexto físico, social y cultural en el que la persona vive”.

Que, concordantemente, en el decimoquinto considerando del Decreto Nº 662/20 se concluye que “en nuestro país los certificados únicos de discapacidad no se otorgan de una vez y para siempre, en ningún caso y respecto de ninguna enfermedad”.

Que mediante el Decreto Nº 884 del 11 de noviembre de 2020 se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº 27.552 sobre la Lucha contra la Enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis.

Que en el artículo 3º de dicha Reglamentación se determinó que el MINISTERIO DE SALUD, a través de la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA dependiente de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, será la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 27.552.

Que la reglamentación del artículo 7º de la Ley citada dispone textualmente que “la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a personas con diagnóstico confirmado de Fibrosis Quística se realizará mediando solicitud del interesado o de la interesada y dejando constancia de que el mismo se emite en los términos de la Ley N° 27.552.”

Que así también en el mencionado artículo se estableció que “Las condiciones de salud integral, evaluadas conjuntamente con las dimensiones biopsicosociales, se ponderarán interdisciplinariamente de conformidad con los criterios establecidos en la normativa complementaria que deberá dictar en forma conjunta el MINISTERIO DE SALUD y la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, de acuerdo a sus competencias”.

Que corresponde aprobar los requisitos que deberán cumplirse al momento de gestionar el Certificado Único de Discapacidad conforme Ley N° 27.552 y su Decreto reglamentario N° 884/20.

Que las personas con diagnóstico de Fibrosis Quística que soliciten el Certificado Único de Discapacidad serán evaluadas conforme las normativas de la Disposición del ex Servicio Nacional de Rehabilitación N° 500/15, o la que en un futuro se dicte.

Que en aquellos casos de personas con diagnóstico de Fibrosis Quística en los que la Junta Evaluadora de Discapacidad concluya que no se configuran los requisitos previstos en la Disposición N° 500/15, o en la que en un futuro se dicte, para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad, el mismo será igualmente emitido en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.552, dejándose constancia de tal circunstancia en dicho certificado.

Que la Junta Evaluadora de Discapacidad deberá efectuar la evaluación tendiente al abordaje integral del interesado o de la interesada y determinar la orientación prestacional que le corresponda en el estricto marco de la Ley N° 24.901.

Que la DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE SERVICIOS de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA del MINISTERIO DE SALUD han tomado la intervención de su competencia.

Que los Servicios Jurídicos permanentes de los organismos intervinientes han tomado la intervención que hace a su competencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley N° 19.549.

Que la presente se dicta en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 884/20 y los Decretos N° 13/19 y N° 935/20.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

Y

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1º.– Apruébanse los requisitos para conceder el Certificado Único de Discapacidad a personas con diagnóstico confirmado de Fibrosis Quística, que como ANEXO IF-2020-84530301-APN-DNPYRS#AND forma parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2º. – Determínase que en los casos de diagnóstico confirmado de Fibrosis Quística en los que Junta Evaluadora concluya que no se configuran los requisitos previstos en la Disposición del ex Servicio Nacional de Rehabilitación N°500/15 o en la que en un futuro se dicte, deberá emitirse el Certificado Único de Discapacidad dejando expresa constancia de dicha circunstancia.

ARTICULO 3. – Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ginés Mario González García - Fernando Gaston Galarraga

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 08/01/2021 N° 692/21 v. 08/01/2021

Fecha de publicación 08/01/2021

RESOLUCION 1/2021

Nomenclador discapacidad Resolución 2/2021





Resolución Conjunta 2/2021

RESOLUCION CONJUNTA 2/2021

Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2021

VISTO el EX-2020-84113113-APN-DE#AND, la Ley N° 24.901, sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 1193 del 8 de octubre de 1998, N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus modificatorios y N° 95 del 1 de febrero de 2018, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 428 del 23 de junio de 1999, la Resolución Conjunta de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD N° 6 de fecha 19 de septiembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 24.901, sus modificatorias y complementarias, se instituyó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 1193/98, por Resolución N° 428/99 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL se aprobó el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, cuyos aranceles se actualizan periódicamente a partir de la propuesta elevada por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Que mediante la Resolución Conjunta N° 6/19 de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD se dispuso la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, a partir del 1° de septiembre de 2019 y del 1° de noviembre de 2019 conforme se detalló en el Anexo I -IF-2019-79759123-APN-DNPYRS#AND- que forma parte de la citada resolución.

Que por el artículo 2° de la misma resolución se reconoció un adicional del VEINTE POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

Que atento a la necesidad de readecuar los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad contenidos en la norma aludida, el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, en su reunión de fecha 24 de noviembre de 2020, propuso un aumento del DIEZ POR CIENTO (10 %) a partir del 1° de diciembre de 2020. Ello, tal como surge del Acta N° 402 del citado Directorio.

Que se plasmó también en el Acta antedicha el compromiso de retomar la discusión arancelaria en febrero de 2021, conforme el actual contexto político, económico y social, y el esfuerzo efectuado por el Estado Nacional en el marco del actual escenario de emergencia sanitaria.

Que, asimismo, tal como surge del Acta N° 403 del Directorio, se ratificó la continuidad del reconocimiento de un adicional del VEINTE POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, en el marco de la presente actualización arancelaria.

Que el incremento que regirá a partir del 1° de diciembre de 2020 se detalla en el Anexo IF-2020-86160802-APN-DNPYRS#AND que forma parte integrante de la presente Resolución.

Que mediante el Decreto N° 698/17 y sus modificatorios, se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, que tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad.

Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos permanentes de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y del MINISTERIO DE SALUD.

Que se actúa en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 22.520 y los Decretos N° 1193/98, N° 698/17 y sus modificatorios, N° 13/19 y N° 935/20.

Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD

Y

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Actualízase el valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, a partir del 1° de diciembre de 2020, conforme se detalla en el Anexo IF-2020-86160802-APN-DNPYRS#AND que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Reconócese un adicional del VEINTE POR CIENTO (20 %) sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Ginés Mario González García - Fernando Gaston Galarraga

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución Conjunta se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

BOLETIN OFICIAL RESOLUCION CONJUNTA 2/2021

La CGT interrumpirá las vacaciones para tratar la reforma del sistema de salud

La CGT interrumpirá las vacaciones para tratar la reforma del sistema de salud: teme que el kirchnerismo avance sobre el control de los fond...