La CGT interrumpirá las vacaciones para tratar la reforma del sistema de salud: teme que el kirchnerismo avance sobre el control de los fondos de las obras sociales
¿ Se viene una nueva reforma en el sistema de salud?
Las vacaciones de la CGT fueron muy cortas. Los integrantes
de la mesa chica de la central obrera interrumpirán su descanso para hablar
este lunes, a las 16, en la sede de UPCN, sobre un tema excluyente: la reforma
del sistema de salud que impulsa el kirchnerismo y de la que aún siguen sin
tener detalles.
La inquietud crece porque la cúpula cegetista no tiene buena
relación con Cristina Kirchner y teme que los cambios proyectados apunten a
apropiarse de los fondos de las obras sociales para subordinarlos a un esquema
centralizado. Por eso intercambiarán opiniones y prevén pedir una audiencia con
las autoridades nacionales para pedirles precisiones sobre el supuesto plan que
fue elaborado en el Instituto Patria.
Algunos de los presuntos contenidos de la reforma del sistema
de salud que trascendieron en los medios coinciden con propuestas ya efectuadas
por la central obrera al Gobierno para revertir el desfinanciamiento de las
obras sociales, pero el gran problema de los dirigentes de la CGT es que
desconfían de las intenciones de quienes impulsarían el proyecto dentro del
oficialismo.
En el Instituto Patria, como hay mucho hermetismo sobre el
tema: uno de sus miembros se negó a dar detalles sobre el tema porque “es un
secreto de Estado”, aunque admitió que “el plan (de reforma del sistema de
salud) existe y se comenzó a escribir en septiembre”.
En otros sectores del Frente de Todos buscaron restarle
dramatismo a los cambios que se analizan y aseguraron que se trata “sólo de la idea de un seguro único de salud y
la integración vertical de las estructuras del sistema, que están duplicadas o
triplicadas, y lo mismo sucede con el gasto”.
Es
decir, nada de una estatización lisa y
llana, como Alberto Fernández le
garantizó esta semana a Claudio
Belocopitt, dueño de Swiss Medical y temen en las empresas de medicina
privada, pero sí una mayor presencia del
Estado en el sector sanitario porque, como dijo el Presidente, “el
sistema de salud tiene un problema estructural que hay que revisar”. En la
misma sintonía, Cristina Kirchner sostuvo
que “vamos a tener que repensar todo el sistema de salud en la Argentina para
hacer un uso más eficiente de los recursos”.
Todos sospechan que detrás de la elaboración del proyecto está Nicolás Kreplak, viceministro de Salud
bonaerense, y sus técnicos de la Fundación
Soberanía Sanitaria, supervisados por Daniel
Gollán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y
coordinador de la Comisión de Salud del Instituto Patria.
En
un documento difundido en 2019, “Ejes centrales para un programa de salud
2020/2024″, se propone la creación de un
sistema único de salud del que dependerán las prepagas y las obras
sociales y que incluso centralizará las distintas instancias de control
estatal, con lo cual será más difícil que los dirigentes gremiales mantengan su
capacidad de presión sobre la Superintendencia de Servicios de Salud, que
administra los fondos de las obras sociales. Unificar
el control y la conducción del sistema, con una descentralización operativa,
sería uno de los ejes de la propuesta que impulsaría el kirchnerismo.
La cúpula cegetista, a través de José Luis Lingeri,
secretario de Acción Social de la CGT y uno de los mayores expertos en el
sistema de salud, conversan con el Ministerio de Salud y la Superintendencia
sobre algunos cambios para aliviar el déficit crónico de las obras sociales,
luego de convencer al Presidente de buscar una solución a este tema, pero hay
incertidumbre: nadie sabe si esas medidas sobrevivirán con la reforma K.
Funcionarios y sindicalistas estaban de acuerdo en limitar el
traspaso de los afiliados de las obras sociales y en evitar la triangulación de
aportes para que las prepagas se queden con los recursos de los trabajadores de
mejores ingresos. Está decidido que aumentará la cápita que pagan los
monotributistas para acceder a las prestaciones de las obras sociales y,
además, buscan alternativas para que el Estado pague el 100% de algunos de los
gastos por discapacidad que afronta el sistema sindical de salud. Tiene un
destino más incierto la propuesta gremial de que el Estado se haga cargo de
pagar los medicamentos más costosos.
La CGT había quedado en retomar en enero las conversaciones
con el titular de la Superintendencia, Eugenio Zanarini, que se infartó el
mismo 31 de diciembre en que Alberto Fernández decidió y dejó sin efecto el
aumento del 7% para las prepagas. Con su interlocutor convaleciente, los
sindicalistas deberán recurrir al ministro de Salud, Ginés González García, con
quien mantienen una relación zigzagueante y que tiene un inconveniente: está en
un momento de fragilidad luego de los traspiés acumulados en la gestión. El
último se produjo cuando fue filmado mientras les decía a médicos del Hospital
Posadas que el Presidente “está nervioso porque no llegan los papeles” para que
la vacuna rusa pueda aplicarse a los mayores de 60 años.
Mientras, las empresas de salud del sector privado acumulan
preocupaciones similares a las que tienen los sindicalistas. Algunas en una
peor situación, en realidad, luego de que Alberto Fernández asegurara que
quiere “algún tipo de control del Estado (para las prepagas) porque captan
ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos”.
Apenas 24 horas antes, se había mostrado dispuesto ante Belocopitt en buscar
compensaciones para aliviar a las prepagas ante la falta de incremento de las
cuotas.
Entre las prepagas y las obras sociales, como el jamón del sándwich, están
los prestadores de salud (desde clínicas, sanatorios y hospitales de comunidad
hasta laboratorios, centros de diagnósticos y servicios de emergencia médica,
pasando por institutos de salud mental y geriátricos), sector en crisis porque
los aranceles prácticamente no suben desde hace un año. Desde la Federación
Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), las empresas de la actividad también
pudieron reunirse hace 48 horas con Alberto Fernández.
“Le dijimos que estamos en una situación insostenible, casi
terminal. Hay que buscar algún tipo de financiamiento, ya sea de las obras
sociales, del PAMI o de las prepagas, o de la ayuda que pueda brindarnos el
Estado mientras se recomponen los aranceles”, el presidente de FAPS, José
Sánchez.
Según el empresario, “el Presidente entendió con claridad la
problemática del sector prestador y sostuvo que nosotros somos las víctimas del
sistema y los que más habíamos puesto el hombro en la emergencia sanitaria”. Y
por eso Fernández se comprometió a que iba a encontrar alguna solución para el
lunes próximo.
¿Les habló sobre la reforma del sistema de salud que se
proyecta? “No, aunque en algún momento esbozó que hay que buscar algún sistema
donde la plata drene con mayor facilidad hacia los prestadores”, dijo Sánchez,
partidario de que se acuerden “en una mesa de consenso” los cambios en el
esquema sanitario.
Pasó una semana en la que los cambios en el sistema de salud
estuvieron en un primer plano, aunque aún nadie sabe de qué se tratan y, por
ende, nadie tampoco pudo opinar sobre sus misteriosos alcances.
Raro procedimiento por parte de quienes manejan los resortes
del Estado y deciden sobre la salud de todos los argentinos en medio de una
pandemia. Si desde el kirchnerismo se proyecta una reforma, se preguntan
empresarios y sindicalistas, ¿no debería transparentarse su contenido de una
vez por todas? En esto, el silencio no es salud.
Los sindicalistas están desorientados, además, porque estaban
avanzando con las autoridades en definir el aumento del aporte que pagan los
monotributistas para atenderse en las obras sociales, pero hace pocos días la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció una actualización de
las escalas y las cuotas del monotributo desde 2021 y allí estableció que
aquella cápita aumentará un 35%, ya que de $1041,22 pasará a $1408,77. Para la
dirigencia gremial, son valores menores a los conversados en las últimas
semanas con el Gobierno y no son suficientes: por ese monto deben darle al
monotributista las mismas prestaciones médicas mínimas que a un trabajador en
relación de dependencia, que aporta más al sistema.
Mientras, las empresas de salud del sector privado acumulan
preocupaciones similares a las que tienen los sindicalistas. Algunas en una
peor situación, en realidad, luego de que Alberto Fernández asegurara que
quiere “algún tipo de control del Estado (para las prepagas) porque captan
ahorro público y nadie controla nada, y lo único que piden son aumentos”. Apenas
24 horas antes, se había mostrado dispuesto ante Belocopitt en buscar
compensaciones para aliviar a las prepagas ante la falta de incremento de las
cuotas.
Entre las prepagas y las obras sociales, como el jamón del
sándwich, están los prestadores de salud (desde clínicas, sanatorios y
hospitales de comunidad hasta laboratorios, centros de diagnósticos y servicios
de emergencia médica, pasando por institutos de salud mental y geriátricos),
sector en crisis porque los aranceles prácticamente no suben desde hace un año.
Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), las empresas de
la actividad también pudieron reunirse hace 48 horas con Alberto Fernández.
“Le dijimos que estamos en una situación insostenible, casi
terminal. Hay que buscar algún tipo de financiamiento, ya sea de las obras
sociales, del PAMI o de las prepagas, o de la ayuda que pueda brindarnos el
Estado mientras se recomponen los aranceles”, afirmó a Infobae el presidente de
FAPS, José Sánchez.
Según el empresario, “el Presidente entendió con claridad la
problemática del sector prestador y sostuvo que nosotros somos las víctimas del
sistema y los que más habíamos puesto el hombro en la emergencia sanitaria”. Y
por eso Fernández se comprometió a que iba a encontrar alguna solución para el
lunes próximo.
¿Les habló sobre la reforma del sistema de salud que se proyecta?
“No, aunque en algún momento esbozó que hay que buscar algún sistema donde la
plata drene con mayor facilidad hacia los prestadores”, dijo Sánchez,
partidario de que se acuerden “en una mesa de consenso” los cambios en el
esquema sanitario.
Pasó una semana en la que los cambios en el sistema de salud
estuvieron en un primer plano, aunque aún nadie sabe de qué se tratan y, por
ende, nadie tampoco pudo opinar sobre sus misteriosos alcances.
Raro procedimiento por parte de quienes manejan los resortes
del Estado y deciden sobre la salud de todos los argentinos en medio de una
pandemia. Si desde el kirchnerismo se proyecta una reforma, se preguntan
empresarios y sindicalistas, ¿no debería transparentarse su contenido de una
vez por todas? En esto, el silencio no es salud.
Fuente : Infobae
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