¿Cómo puede ser que un ser humano tenga que sufrir tan injustamente, aunque no sea el causante de los problemas?”. La pregunta que Luisa Rodal se hacía en su juventud fue la que la llevó luego a estudiar Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Pero no fueron solo las lecturas de grandes pensadores aquello que guio su mente a reflexionar sobre el dolor de las personas. A lo largo de su vida, y ya desde pequeña, Luisa supo de tristezas.
Luisa nació hace 70 años en la ciudad de Buenos Aires. “Desde chica no tuve una familia unida. Aunque mi padre, un hombre inteligente y de mucho dinero que trabajó para Naciones Unidas, me dio mucho amor, se peleaba mucho con mi madre”, recuerda hoy mientras pasea a su perra una tarde de domingo cerca de su casa, en la zona de Las Cañitas, de la ciudad de Buenos Aires. Cuenta Luisa que, ante la situación en su hogar, decidió refugiarse en la escuela. Y luego en la universidad, en Filosofía, esa carrera que le permitía “cuestionar la vida”.
Tras recibirse a los 24 años, Luisa comenzó pronto a enseñar en universidades. Pero la dictadura gobernaba al país y ella tenía un matrimonio conflictivo (que finalmente se disolvió). Consiguió una beca y se fue a estudiar un doctorado a la Universidad de Siracusa, cerca de Nueva York. Solo le restaba entregar su tesis cuando fue víctima de violencia de género: un cura católico ingresó a su domicilio cuando no había nadie en el edificio y abusó de ella. “Era la década de 1980 y yo era una latinoamericana. Pensaba que si denunciaba me iba a escrachar”. Luisa, entonces, decidió regresar.
“Me volví al caos del que había salido”, rememora. Y ese caos seguía latente en su círculo familiar. También en Argentina fue víctima de violencia de género: el novio de su hermana la golpeaba. Luisa hizo la denuncia, pero no contó con el apoyo de su familia. Su madre, que consideraba a aquel varón un candidato excelente para su hija, se reunió con la pareja y con la madre y el padre de él, y tramaron un plan. Un psiquiatra amigo, que nunca había visto a Luisa, elaboró un informe en el cual decía que las golpizas eran mentira y que ella era paranoica y deliraba persecución.
“Un día, al salir para ir al kiosco, la policía me detuvo. y de pronto aparecí en el Moyano”, dice sobre cómo llegó por primera vez al hospital neuropsiquiátrico porteño abocado solo a mujeres. Aquella fue la primera de varias internaciones psiquiátricas en distintos hospitales y clínicas a las que Luisa fue sometida en contra de su voluntad a lo largo de 26 años. “Pedí un abogado y se me dijo que no tenía ningún derecho, sin darme explicaciones. Mi padre presentó escritos y denuncias policiales por abusos y maltratos de mi madre, pero aquel psiquiatra continuó su tratamiento, dándome drogas fuertes que me dejaban tarada, hasta su muerte”, agrega.
El derecho a disponer del propio dinero
Según el Área de Capacidad Jurídica del Equipo Jurídico de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, la institucionalización de personas es la principal causa que impulsa a familiares a iniciar juicios de restricción de la capacidad jurídica (en el 23,76% de los casos). Se trata de instancias judiciales en las cuales se restringen derechos de las personas con alguna discapacidad. A Luisa le restringieron sus derechos: una familiar se encargaba de administrar sus bienes sin tener en cuenta sus preferencias.
“No tenía de qué vivir. Una familiar mía —prefiere no especificar de quién se trataba— era la curadora y no me daba dinero, tuve que ir a comer de contenedores de la basura. O a pedir a mis amigas para comprar comida”, rememora Luisa.
Como contamos en esta nota, los procesos de restricción a la capacidad jurídica, antes conocidos como régimen de curatela, consideraban a la persona desde una lógica binaria: o era capaz o era incapaz. Y, en el segundo caso, se designaba a un curador para que ejerciera sus derechos (como el de disponer de su patrimonio o casarse, por ejemplo).
Desde la sanción del Código Civil y Comercial de 2016, y con base en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (que Argentina aprobó por ley en 2008), el régimen contempla la designación de apoyos que ayuden a las personas con discapacidad a ejercer sus derechos según su voluntad. En caso de personas sin familiares que sean apoyo, el rol lo toman abogados denominados “defensores públicos curadores”.
“Con el modelo social de la discapacidad hay un cambio de paradigma. Hoy se escucha a la persona, ella participa del proceso, puede tomar sus propias decisiones, puede elegir un apoyo”, explica Nicolás Pantarotto, quien le cambió la vida a Luisa.
Luisa es escuchada
Nicolás es abogado y trabaja como prosecretario en la Defensoría Pública Curaduría Número 2 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Damián Lembergier, quien se constituyó formalmente en el apoyo de la protagonista de esta historia. En 2017, el Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil Número 84 a cargo de Mónica Fernández, revisó el caso de Luisa, luego de lo cual removió a su curadora. “La nueva jueza, a diferencia de la anterior, quiso conocerme, saber de mi caso. A ella y a los abogados de la curaduría les llamaba la atención cómo, si supuestamente era paranoica declarada hace tanto tiempo, hoy me veía bien”.
“La primera vez que vi su departamento noté que estaba conservado, pero le faltaba amor, le faltaban arreglos. Ella vivía con la ropa sucia, o siempre con la misma ropa”, recuerda Nicolás. “Lo primero que hice fue escucharla, que me contara sus problemas. Ella estaba prisionera”. Luego, cuenta el abogado, fue comprarle un termotanque.
Fuente : Redacción
Por David Flier
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