sábado, 14 de mayo de 2022

LA CRISIS DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA PÉRDIDA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA




Diferentes organizaciones de padres con niños con discapacidad advierten sobre los problemas para encontrar escuelas y una educación verdaderamente inclusiva para sus hijos e hijas


Hay mucha preocupación entre los padres de niños con discapacidad, por los problemas que deben sortear a diario para encontrar escuelas y una educación realmente inclusiva para sus hijos. Desde la Asociación para la Inclusión de las personas con Síndrome de Down de Rosario (Aisdro), están haciendo oír con cada vez más fuerza el reclamo por lo que está sucediendo en varias instituciones educativas de Rosario y en diferentes localidades de Santa Fe.

Son numerosas las familias que día a día se ponen en contacto con esta organización de la sociedad civil, para consultar cómo proceder ante la discriminación sufrida por sus hijos en establecimientos escolares.

Relataron  con mucha angustia y desasosiego situaciones que son todas discriminatorias -a su entender-, ya que en las escuelas públicas y privadas sus niños sufren "recortes injustificados de horarios, prácticas de segregación, como estar en otras aulas o solo asistir a determinadas horas de cátedras o con acompañamiento adulto obligatorio, imposibilidad de asistir a campamentos, talleres, encuentros recreativos, salidas grupales, etc".  

"Lo injusto es que dichas prácticas son aplicadas con el argumento de que se realizan pensando en el chico, es lo mejor para el niño, como si salir del aula o de la escuela fuese una estrategia de enseñanza, incluso para algunas instituciones, en ocasiones la mejor o la única estrategia a aplicar", advierte un comunicado elaborado por los padres y madres de Aisdro.   

"Lo preocupante también es que muchas veces esta disposición es reflexionada y diseñada conjuntamente con la escuela especial, quien supuestamente debería realizar una tarea de acompañamiento en el aula común, como modalidad, con aportes de herramientas para sortear impedimentos, desde su especialización en discapacidad, trabajando en conjunto con los padres y equipos y/o maestros de apoyos", continúa el texto. 

Luego afirma: "Esto no llega a concretarse, y se convierte en un agente de obstáculos que agrega angustia al grupo familiar, ejerciendo, muchas veces, presiones para la toma de decisiones con límites de tiempo y bajo supuestas consecuencias negativas para el niño". 

"Particularmente difícil son los casos en que aludiendo a dificultades en la conducta del niño, o su supuesto cansancio, o porque no asiste su maestra de apoyo, son directamente excluidos, impidiéndose su permanencia en el establecimiento, ya que llaman a los padres, casi como una urgencia y estos, estén donde estén, no importa sus circunstancias de vida, deben dejar todo e ir a retirar a sus hijos de la escuela, permaneciendo, mientras tanto, los niños en el patio u otro lugar de la escuela, fuera de su aula. Situación altamente discriminatoria", continúa. 

Desde Aisdro aseguran que "otros casos de los que se ha tomado conocimiento son aquellos en que concurren a la escuela especial para la mayoría de las materias curriculares y solo se les permite asistir a la escuela común para las llamadas no curriculares como Educación Física o Música o Tecnología (el llamado sistema mixto). 

Desde el año 2008 Argentina se comprometió a cumplir los derechos de las personas con discapacidad plasmadas en La Convención Internacional mediante la Ley 26.378. El art. 24 dice: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; 

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 

Los padres consideran que continúan existiendo barreras de todo tipo que impiden que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo en condiciones de igualdad y no discriminación con el resto de los estudiantes, en especial las que llaman barreras actitudinales, que definitivamente no están siendo revisadas y ajustadas adecuadamente, permitiéndose aún hoy los discursos: “no estamos preparados”, “evalúen papis, si esta es la mejor escuela para su hijo”, “acá las cosas son así, si el niño no se adapta, habrá que buscar un lugar más adecuado para sus “condiciones”, son los argumentos que deben escuchar los padres.

"La falta de fiscalización efectiva y eficaz del Estado, nos lleva a pensar que esta población no está entre sus prioridades, abriendo más la brecha de las diferencias", remarcan desde Aisdro. 

Afirman desde esta ONG que apuesta a "los cambios, a mejorar, a las buenas prácticas, al diálogo, a la escucha sincera y respetuosa de los padres y los niños, en definitiva, la gestación de comunidades colaborativas que conduzcan hacia un aula para todos, pero para ello se necesitan políticas públicas claras y contundentes en torno al respeto a la diversidad funcional y la inclusión de los niños con discapacidad, en particular con Síndrome de Down". 

Las obras sociales también están siendo parte de este conflicto y de la "desidia que está atravesando el área de discapacidad". Denuncian que ciertas rechazan y abiertamente incumplen el Art 24 de la convención

Dicho artículo prevé que si el estudiante requiere personal de apoyo a la inclusión tiene derecho a contar con el mismo durante su trayectoria educativa. "Esperando solución, las infancias de los niños con discapacidad se ven atravesadas por problemas burocráticos totalmente innecesarios", apuntaron. 

La falta de respuesta al derecho al diálogo 

 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad de la ciudad de Rosario e integrantes de la Asamblea de Organizaciones denuncian en este último tiempo que no son "escuchados". 

“No tenemos respuesta sobre el no cumplimiento de la Ordenanza n.º 9524/2016, que es de la Asamblea de Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, con el estado, con la dirección de discapacidad”, dicen los referentes de las Organizaciones.

“Queremos que nos reciba el intendente en una audiencia para explicar las problemáticas. Sentimos que la discapacidad no está en agenda”, agregaron.

“Atravesamos una situación difícil en donde la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, requieren de nuestra inmediata intervención y el cumplimiento de las políticas públicas establecidas. Consideramos que al no poder brindarles lo que solicitan se están cercenando sus derechos”, citan en la carta abierta. 

Por último, el comunicado de Aisdro remarca que "lamentablemente también se suma a la angustia de las familias el incumplimiento de la obra social Iapos, que operativamente rechaza y abiertamente incumple el Art. 24 de la Convención. 

Fuente Rosario3


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