La Fiscalía recurre una sentencia de la Audiencia Nacional que evitaba compensar a un niño por no garantizar su dignidad y desoía al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas
"Ha sido un camino tortuoso y el daño sufrido ya es irreparable", explica Alejandro Calleja en conversación telefónica. Pero, sin embargo, cree que ha valido la pena. Hoy él y su familia celebran que la Fiscalía les apoye en su reclamación de que se compense a su hijo Rubén, con síndrome de Down, por no garantizar su dignidad y su derecho a una educación inclusiva.
El camino tortuoso al que se refiere Alejandro Calleja ya dura 11 años y ha llegado hasta el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Este organismo dictaminó en septiembre del 2020 que España violó los derechos de Rubén Calleja. Cuando tenía 11 años fue obligado, en contra del parecer de su familia, a abandonar la escuela pública ordinaria de León en la que estudiaba primaria y a matricularse en un centro de educación especial.
"Un centro especial era condenarlo a una muerte educativa"
El Estado español hizo oídos sordos y la Audiencia Nacional negó el derecho de Rubén a ser compensado. Ahora la Fiscalía se pone del lado del chico y presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta última sentencia.
El fiscal Manuel Campoy Miñarro fundamenta que "se han vulnerado los derechos fundamentales a la educación, igualdad e integridad física y moral, de un menor de edad con discapacidad y con necesidades educativas especiales; por haber sufrido discriminación reiterada durante años, así como por infracción de la normativa estatal e internacional sobre cumplimiento del dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas".
Los padres reclamaban al Ministerio de Justicia una indemnización de 350.000 euros, más la inclusión del menor en programas de formación profesional inclusivos, investigar los malos tratos y vejaciones, reconocimiento público de la violación de los derechos a una educación inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación, así como la violación de los derechos de sus padres al haber sido acusados de manera indebida por el delito de abandono del menor y, por último, acordar la publicación del dictamen del comité de la ONU.
Obligación internacional vinculante
En ese sentido, el Ministerio Público indica que “no se trata de revisar sentencias firmes ni de dejar sin efecto el valor de la cosa juzgada. Se trata de dar cumplimiento por los diferentes poderes públicos a través de un cauce procesal adecuado e idóneo a una obligación internacional, vinculante y asumida por España.
Rubén aún "se acuerda de cosas, pero lo sobrelleva", estudió FP básica de servicios administrativos -aunque en un centro especial- y trabaja en una empresa ordinaria "que está encantada con él", explica su padre. Alejandro Calleja reconoce que aun con lo tortuoso, doloroso y largo que está resultando este proceso judicial, "volveríamos a hacerlo, porque se trata de reclamar los derechos fundamentales de las personas más vulnerables".
No hay comentarios:
Publicar un comentario