La Educación Especial está pasando por un proceso de transformación rumbo al desafío de la "inclusión", un concepto que difiere del que se venía utilizando de "integración". Mientras la integración supone una adaptación del estudiante con discapacidad a la escuela común, la inclusión implica una escuela que recibe a todos y se adapta a las necesidades diversas de todos los alumnos y alumnas. Ir hacia este modelo más inclusivo significa mirar al niño, niña o adolescente con discapacidad desde una perspectiva de derechos.
En medio de este proceso, que necesariamente será largo, se presentan al interior de las escuelas interrogantes, necesidades, cuestiones diversas a considerar y resolver en la singularidad de cada caso. En una reciente charla sobre la educación especial, de la que participaron docentes de esa modalidad de la ciudad, se expusieron situaciones que van desde la queja de los educadores del estilo "con este chico y los otros 29 del grado yo no puedo, necesito asistencia", a experiencias escolares de inclusión muy reconfortantes y hasta casos donde las maestras recurrieron a instancias superiores para frenar a los propios papás que iban en contra de la autonomía de su hijo.
Un norte a considerar tiene que ver con que la educación para los chicos y las chicas con discapacidad es un derecho humano reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional de las Naciones Unidas. El mismo fue ratificado por nuestro país y tiene jerarquía constitucional. Esto significa que la Argentina se comprometió a garantizarlo, por lo cual no es un privilegio que los estudiantes con discapacidad puedan asistir a escuelas comunes, sino que tienen derecho a hacerlo.
Las medidas del Ministerio de Educación provincial van en ese sentido y pusieron el foco principalmente en generar proyectos de inclusión en el nivel secundario obligatorio, donde los adolescentes con discapacidad tenían menor concurrencia bien porque terminaban el séptimo grado y no se inscribían, bien porque desertaban. Según las cifras oficiales provinciales, hubo un incremento de más del 200% en la matrícula de estudiantes con discapacidad que realizan sus trayectorias educativas en las secundarias comunes, además de haber creado 273 cargos de maestros de apoyo a la inclusión.
No obstante, existen críticas en torno a cómo se implementó la inclusión en la provincia. Entre ellos, del gremio del magisterio público -Amsafe-, para el cual se hicieron "cambios inconsultos y unilaterales" en el área de educación especial y no hubo "un debate real, profundo, fundamentado, desarrollado con el tiempo necesario".
Hablar de educación especial inclusiva es pensar no solamente en que los estudiantes "estén" en las instituciones, sino que también implica un proceso de debate convocante de todos los actores, diseñar el currículo, evaluar las metodologías empleadas, readecuar la infraestructura edilicia si hace falta, así como los tiempos y estructuras, de modo tal que se adapten y estén abiertos a una real inclusión de la población escolar diversa que el sistema atiende. También habrá que analizar la necesidad de formación docente, de mayores recursos humanos profesionalizados, y de cómo se reestructurarán las escuelas de la modalidad especial.
Todo este trabajo tendiente a considerar la nueva perspectiva de derechos de los chicos y chicas con discapacidad, que se centra en la persona y en la necesidad de definir tanto políticas como prácticas para que ellos sean protagonistas de su propia vida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario