sábado, 11 de enero de 2014

La odisea de una nena con síndrome de Down que no accede a ninguna obra social

Su madre lleva más de un año buscando una institución que la acepte como afiliada. Denuncian discriminación en el derecho a la salud.
Gina tiene seis años, va al colegio Madre Cabrini, hace teatro y yoga en el Centro Cultural La Angostura y está aprendiendo a patinar en el parque Scalabrini Ortiz, pero sobre todo le gusta sacar fotos. Es una nena sana. Sin embargo su mamá lleva más de un año buscando una obra social que la acepte como afiliada. En septiembre pasado creyó que lo había logrado, pero la mutual donde había comenzado los trámites le exigió un pago extra, de 7.700 pesos por mes, porque Gina nació con síndrome de Down.
Rosana Fernandez, la mamá de la niña, decidió contar su historia la semana pasada a través de una carta de los lectores en LaCapital. Le puso como título "¿Por qué tanta discriminación?" y expuso un problema que afecta a muchas personas discapacitadas: el acceso a prestaciones médicas. "Estoy cansada de hacer trámites, de mandar cartas documento, de completar expedientes. Hay leyes específicas que protegen a personas como Gina, pero no se cumplen. Duele entenderlo", se queja Rosana.
El peregrinar de la mujer por media docena de obras sociales, prepagas y mutuales comenzó en diciembre de 2011, cuando decidió dejar la Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (Andar), cansada de la negativa a pagar el tratamiento fonoaudiológico de su hija. Según cuenta, "el primer año lo abonaron a los tropezones, el segundo tuve que mandarles una carta documento y el tercero hacer una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Nación".
Desde entonces, las entrevistas con simpáticos asesores de prepagas fueron casi semanales. En algunos casos, dice, después de conocer la situación de Gina no volvieron a llamarla, en otros le señalaban que con sus aportes patronales y personales alcanzaba a cubrir el plan del grupo familiar, pero que por la pequeña iba a tener que pagar "cuotas extras".
Así, en junio pasado llegó hasta Jerárquicos Salud (de la Asociación Mutual de Bancos Oficiales Nacionales). "Firmé los formularios de traspaso, tenía asignado el plan y el importe adicional a abonar —recuerda—. Me dijeron que las credenciales iban a llegar a los 90 días, pero la espera se estiró y empecé a reclamar. Después de muchos mails y muchos llamados telefónicos, me informaron que el ingreso de mi grupo familiar "no era viable" y que si queríamos afiliarnos debía pagar 7.700 pesos, sólo por Gina".
Fernandez denunció tanto los tratamientos impagos por su obra social como la negativa de afiliación en la mutual a la Superintendencia de Servicios de Salud. Los reclamos llevan los números de expediente 53.929 y 54.537.
El artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que adhirió Argentina, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad.
Además, la ley 24.901 obliga al Estado, las obras sociales y la medicina prepaga a respetar un "sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos".
La titular de la Dirección Municipal de Inclusión de Personas con Discapacidad, Adriana Ciarlantini, es clara. "Negar la afiliación de una persona discapacitada es un acto de discriminación que vulnera el acceso al derecho a la salud", afirma. Sin embargo, el relato de Fernandez podría contarse en plural. "Con las obras sociales y prepagas siempre hay problemas", afirma Marisa Bolatti, presidenta de Aisdro, una agrupación papás que trabaja por la efectiva inclusión de las personas con síndrome de Down.
"A muchos de los papás que se acercan a la asociación les ha pasado tener que pelear para conseguir que se autoricen tratamientos o se reconozca determinados profesionales. Hemos llevado el tema a la Defensoría del Pueblo y a la Justicia, generalmente después se obtienen resultados favorables pero uno no termina de entender por qué existen tantos obstáculos", se queja Bolatti.
Muchas veces, el bienestar de las personas con discapacidad depende de prestaciones nuevas y, en algunos casos, onerosas. Por eso resulta frecuente que las prestadoras de salud se nieguen de primera mano a cubrir la totalidad de los tratamientos. O, al menos, lo hacen hasta tanto los afiliados insisten con su reclamo que, incluso, pueden llevar a la Justicia.
En los últimos años, casi el 40 por ciento de las medidas cautelares que se presentan en los dos juzgados civiles federales están relacionadas con la falta de cobertura de salud.

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