El Consejo Argentino para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad alertó que, a pesar de contar con una tasa de
letalidad del 7%, tres veces superior que el registrado por la población en
general por COVID-19, no forman parte de los grupos a vacunar en las primeras
etapas
El colectivo de personas con
discapacidad es amplio y heterogéneo, ya sea visual, auditiva, motora,
intelectual y esto, relacionado con la edad,
complejiza los mayores o menores riesgos de ser afectados por el COVID-19. En
muchos casos, la discapacidad viene asociada a una enfermedad de base y en
otros no, por lo que son diferencias que deben ser contempladas.
En las personas con discapacidad para
mantener el autocuidado (como las pautas de higiene, el distanciamiento físico,
el uso de barbijo), por ejemplo, en aquellas con discapacidad intelectual o con
condición de autismo, resulta dificultoso garantizar estas pautas y rutinas
preventivas, por lo que es importante considerar no solamente su vacunación,
sino también la inoculación del personal de apoyo que las asisten
La Agencia Nacional de Discapacidad
(Andis) informa que la tasa de letalidad entre el colectivo de personas con
discapacidad es del 7%, aproximadamente tres
veces superior que el registrado por la población en general.
¿Las personas con discapacidad están
incluidas dentro de los “grupos de riesgo” del COVID-19? ¿O están dentro de los
grupos que necesitan reforzar los cuidados (como las embarazadas)?
En la resolución 627/2020 MSAL, en el
punto VII del artículo 3, se encuentran las personas con Certificado único de
Discapacidad (CUD). Sin embargo, no se advierte que tal consideración sea
tenida en cuenta al momento de adoptar decisiones. “Por lo menos, no se
menciona así en la estratificación de prioridades vacunales que establecen las
autoridades sanitarias nacionales, ni tampoco hay mención dentro de los grupos
que necesitan reforzar los cuidados. En vistas a esto, entendemos que
sí, deberían ser incorporadas y que sería importante que se considerara a las
personas con discapacidad (PcD) dentro de la población objetivo en la campaña
de vacunación en las etapas más tempranas, así como también a las personas
que proporcionan sus cuidados”, explicó Daniel Ramos, presidente
del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
(Caidis).
¿Qué sucede con la vacunación?
Según el especialista, “es necesario
que se extienda la campaña de vacunación, que ya comenzó en las residencias
geriátricas, también a las residencias que albergan a personas con discapacidad
y posteriormente a los centros ambulatorios de atención a personas con
discapacidad” y citó como ejemplo lo que sucede en este ámbito a nivel
internacional, particularmente en Cataluña, España: el Departament de Salut
de la Generalitat, la semana pasada comenzó a vacunar a los colectivos de
personas mayores de 80 años y, al mismo tiempo, a personas con discapacidad que
viven en residencias o en sus domicilios, allí la campaña de vacunación en
etapas se estructuró de manera tal que en la primera se empezó a vacunar a las
personas que viven en residencias, los profesionales que las cuidan y los
sanitarios que están en primera línea, mientras que en la segunda, que arrancó
la semana pasada, se inició el proceso en el resto de profesionales sanitarios
y también trabajadores de servicios esenciales.
“La vigencia de la Resolución 627/2020 MSAL;
incluye a las personas con discapacidad entre los grupos de riesgo y por eso
solicitamos que se atienda de manera urgente su inclusión en las etapas más
tempranas del cronograma de vacunación”, manifiestó Ramos.
¿Cuál es la situación general a nivel
políticas sanitarias?
Para el presidente de Caidis, el
colectivo de personas con discapacidad “viene siendo postergado en el orden de
prioridades de políticas sanitarias y hace meses venimos reclamando por la
situación de emergencia en la que se encuentran tanto las personas con
discapacidad, como el equipo de
profesionales que las asisten, instituciones que les brindan atención y los
servicios de transportes. La situación no hace más que empeorar ante la
falta de adecuación de aranceles que arrastra un déficit desde la gestión
anterior, en la que se recibieron ajustes muy por debajo de la inflación. En el
año 2020 no hubo actualización arancelaria y el 8 de enero de 2021 salió la
Resolución Conjunta 2/2021 a través de la cual se dio un aumento de sólo un 10
por ciento que, por lo demás todavía hay obras sociales nacionales que todavía
no lo han aplicado.
El Consejo Argentino para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad (Caidis) data de 1985 y tiene como objetivo
defender los intereses vinculados a los derechos humanos, educación,
rehabilitación, prevención, asistencia, inclusión, promoción, salud y/o
emergencia sanitaria de las personas con discapacidad; asesorar e informar en
las políticas de discapacidad y salud; representar a las personas con
discapacidad, sus familias e instituciones que las comprenden ante los tres
poderes del Estado, Obras Sociales públicas y mixtas, entes autárquicos;
peticionar y gestionar ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales
la sanción de normas legales y reglamentarias destinadas a mejorar o actualizar
programas de atención integral específicos a cada discapacidad e influir en la
determinación de las políticas de discapacidad y ONGs, y representar a las
entidades afiliadas ante las autoridades oficiales y privadas.
Por otro lado, diputados de Juntos por
le cambio presentaron un proyecto que busca incorporar a las personas
con discapacidad a la primera etapa del plan Vacunate.
“Durante el desarrollo de la pandemia
siempre estuvimos pidiendo medidas y acciones específicas para las personas con
discapacidad. En esta oportunidad, reconociendo una demanda de distintas
organizaciones, solicitamos que no nos olvidemos de ellas en la etapa de la
vacunación. Por eso el proyecto para que se las incluya junto a las personas de
riesgo, como los mayores de 60 años y las personas de entre 18 y 59 años con
enfermedades preexistentes”, explicó la diputada Laura Aprile.
Un estudio de la Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS) realizó un análisis
comparativo entre las personas con discapacidad (con Certificado Único de
Discapacidad) y el total de la población contagiada con COVID-19 en septiembre
de 2020. Allí se detectó que el porcentaje de letalidad entre la
población con discapacidad fue 7%, mientras que el de la población total es
2,2%: una diferencia de 4,8 puntos porcentuales.
También observó que el porcentaje de
personas con discapacidad recuperadas es menor que el porcentaje de la
población general. Además, en su documento, la ANDIS permite singularizar aún
más los niveles de riesgo, ya que observa que entre las personas con
discapacidad que dependen de asistencia de otras personas para la vida diaria se
observó una proporción mayor de fallecimientos: el 13% frente al 8,3% de
personas con discapacidad sin dependencia.
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