Como cobran poco y la mayoría son monotributistas, cada vez menos acompañantes se suman a las cartillas de las prepagas y obras sociales; sin ellos, hay colegios que se niegan a recibir a los estudiantes; para que no pierdan la escolaridad, algunos padres llegan al extremo de cursar junto a sus hijos
“No señora, hoy Thiago no puede entrar a la escuela porque no tiene acompañante”. A Maribel todavía se le cierra el pecho cuando revive la frase con la que la mismísima dueña del colegio le negó la entrada a su hijo cuando apenas faltaba un mes para que terminara de cursar primer grado. Recuerda la crisis de su hijo, que insistía en entrar, y se recuerda llevándolo a comprar un helado para calmarlo mientras tenía que tragarse sus propias lágrimas. Todo había sido tirante y angustioso desde que, en sala de 5, le habían diagnosticado autismo al niño. “La directora llegó a decirme que a las maestras no les pagaban por tener en el grado chicos con discapacidad”, rememora indignada.
Ni Maribel ni Thiago son los nombres reales de esta madre y este hijo que continúan en el mismo colegio, ubicado en la Zona Norte, y que, por temor a represalias, prefieren mantener sus identidades al resguardo. El plural no es caprichoso. Como la mujer todavía no consigue un docente de apoyo para su hijo, la solución que propuso la inspectora del distrito para que el chico pudiera ejercer su derecho a la escolaridad, fue que lo acompañara su madre y que hicieran una jornada reducida de dos horas.
“El resto del grado está distribuido en mesas de a cuatro, mientras que Thiago está sentado conmigo”, explica la mujer. En los recreos, agrega, nadie se acerca a jugar con el chico y el colegio, en general, tampoco promueve su socialización con el resto del grado.
Cuando, el año último, la docente de apoyo que había gestionado a través de su obra social renunció a los dos meses de iniciar su trabajo, el colegio había resuelto que lo acompañara, mientras tanto, la directora.
“Desde el inicio de clases venía haciendo una jornada reducida, de una hora. Él no se adaptaba. Yo creo que, en parte, porque el tiempo era muy escaso”, recuerda la mujer. Pero un día la directora se enfermó y nadie la llamó para avisarle. Al llegar a la puerta del colegio con su hijo, se encontró con una barrera más a la inclusión escolar de Thiago, la peor de todas: su hijo no podía ingresar.
“Este año está haciendo grandes avances. Por eso, de hecho, se queda dos horas. Así que estamos replanteándonos la recomendación que nos han venido dando desde el colegio, desde la supervisión y hasta la neuróloga del nene: que lo pasemos a una escuela especial”, dice la mujer, que es licenciada en Biología y que debió parar su tesis de maestría para volver a cursar segundo grado junto a su hijo, mientras busca un nuevo docente de apoyo para él.
Nuestro país es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, en su artículo 24, establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a estudiar en un marco de inclusión y prohíbe su exclusión del sistema de educación común. Sin embargo, la dificultad de la familia de Thiago para conseguir un docente de apoyo para su hijo no es la excepción.
Según los especialistas y las familias, desde hace años se registra un desfasaje entre la gran cantidad de chicos que necesitan este tipo de apoyo y el insuficiente número de personal disponible para cumplir esta función. De acuerdo con una estimación de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Educativa (Casaie), mientras que, en los últimos años la demanda creció alrededor de un 60%, la nómina de profesionales se redujo en un 40%. Los números no cierran.
Pero hay un detalle que agrava la situación en nuestos días: en el actual contexto inflacionario, se acentuó la escasez de profesionales de la salud dispuestos a trabajar para obras sociales o prepagas por los bajos aranceles que les pagan.
Según la legislación vigente, el sistema de salud debe garantizar los apoyos escolares. Puntualmente, es la ley 24.901 la que estipula que las obras sociales y empresas de medicina prepaga, o en su defecto el Estado, deben cubrir prestaciones básicas que requieran las personas con discapacidad. Los apoyos en educación están específicamente incluidos.
En concreto, el docente de apoyo a la inclusión no es, en la mayoría de los casos, un docente, sino un profesional de la salud. Si la familia obtiene la prestación a través de un centro terapéutico, este rol lo puede cumplir un profesional del equipo, por ejemplo, un psicólogo, un psicopedagogo, un terapista ocupacional, un psicomotricista o un fonoaudiólogo. También cabe la posibilidad de que la prestación se acuerde de manera individual con el docente. En estos casos, puede ser un maestro integrador, un psicopedagogo o un psicólogo. En todos los casos, la persona le facturará este servicio a la obra social o prepaga del chico.
Pero la crisis del sistema de salud a raíz del notable achicamiento de las cartillas médicas, no sólo provoca largos tiempos de espera a la hora de pedir un turno. Genera, además, el colapso de los centros terapéuticos, que no dan abasto con su plantel de profesionales para satisfacer la alta demanda de esta clase de servicios.
Para superar este cuello de botella, comenzaron a implementar otros modelos de acompañamiento escolar, con profesionales que asisten menos horas por día, o menos días, en los casos en los que el alumno pueda manejarse con cierta autonomía. También hay profesionales que brindan apoyo a más de un niño en el aula, lo que les permite facturar más de una prestación por mes. Ocurre que el profesional que acompaña a un chico factura alrededor de 102.000 pesos por mes por una tarea que se realiza de lunes a viernes, durante la jornada escolar. Sin embargo, cobra sólo entre marzo y diciembre, ya que durante las vacaciones no puede facturar.
“Un docente, en cambio, cobra todo el año, tiene aguinaldo y vacaciones. Pero un docente de apoyo es monotributista y cobra sólo durante el calendario escolar. Muchas veces los profesionales están muy bien formados y predispuestos, pero terminan yéndose porque, lógicamente, no pueden vivir con esa suma, o porque necesitan un trabajo en relación de dependencia”, explica Elizabeth Foschi, presidenta de Casaie, que nuclea a unos 70 centros interdisciplinarios en todo el país, que son, muchas veces, como ya dijimos, los espacios que proveen al docente de apoyo y articulan el vínculo entre todos los actores involucrados en el proceso escolar del chico.
“Las prestaciones en discapacidad no se están ajustando a la par de la inflación. Llevan años desactualizados”, denuncia Foschi, quien agrega que, durante el año pasado, la Cámara mantuvo reuniones con la Superintendencia de Servicios de Salud y con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con miras a revisar la normativa sin haber logrado algún tipo de mejoras hasta el momento. LA NACION intentó comunicarse con algún responsable de la ANDIS, pero desde el organismo hicieron saber que no podían responder la inquietud por motivos de agenda.
Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en 2020, el 80,25% de los alumnos con discapacidad que asistían a escuelas comunes contaban con algún tipo de apoyo. El 37,5% de ese alumnado asistía a colegios privados y el resto, a escuelas públicas, en donde el apoyo, por lo general, es más fragmentado.
Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la organización, reconoce que, en los últimos meses, están recibiendo más consultas por la falta de predisposición de las escuelas para acompañar a un alumno con discapacidad mientras la familia gestiona el docente de apoyo. Cabe recordar que, según la Resolución 311/16 del Consejo Federal de Educación, independientemente de las gestiones que realice la familia, es el sistema educativo el que debe asegurar los apoyos necesarios para garantizar la trayectoria escolar de sus alumnos.
“Es cierto que, muchas veces, los docentes están sobrecargados en el aula. Pero también lo es que, en la mayoría de los casos, no se responsabilizan por el aprendizaje de esos alumnos. Como si estuvieran en el grado pero fueran, en realidad, alumnos del docente de apoyo, y eso no es así”, explica la especialista. De esta manera, prosigue, exigen la presencia de un acompañante como una especie de marca personal de ese chico o chica “cuando, en realidad, está para apoyar todo el proceso”, finaliza.
“Mamá, la palabra discapacidad me da ganas de llorar”, le dijo Pamela, una adolescente de 16 años a Daniela, su mamá, cuando, hace unos meses, se enteraron de que las dificultades para copiar, para memorizar y para tolerar la frustración cuando algo no le salía en la escuela tenían un por qué. Un estudio neurocognitivo reveló que la chica tiene una discapacidad intelectual leve.
Después de tramitar el certificado de discapacidad y de aprender en tiempo récord sobre los derechos que le cabían a su hija, Daniela comenzó a tramitar a través de su prepaga un docente de apoyo para su hija. En ese proceso, la mujer se acercó en diferentes oportunidades a la escuela pública a la que asiste Pamela, ubicada en la zona Sur de CABA, para rogar por algún tipo de acompañamiento para su hija, o para que los profesores puedan adaptarle el contenido. Nada de eso ocurrió hasta ahora. Por el contrario, en una de esas reuniones, la directora le preguntó: “¿Está segura de que esta es la mejor escuela para su hija?”.
“Yo les dije que no quiero que sea la mejor alumna, pero tampoco que la pase mal, o que se la excluya del proyecto pedagógico. Estamos en julio y todavía no logré que la escuela la acompañe de alguna manera”, se lamenta la mujer, abogada de profesión, quien cuenta que, hasta el momento, la única profesional que pudo conseguir es extranjera y tiene la revalidación de su título en trámite. “Estoy a la espera de que el ministerio de Educación la autorice, y mientras tanto, el tiempo sigue pasando”, se indigna. Daniela dice que tercer año es un curso filtro, en el que muchos chicos repiten mientras que muchos otros, abandonan. No quiere que su hija sea parte de esa nómina.
Más información:
- En el sitio web www.porunaeducacioninclusiva.org, podés encontrar herramientas para reclamar a las escuelas y/o a los ministerios de educación el efectivo cumplimiento del derecho a la educación inclusiva. El sitio fue elaborado en conjunto por ACIJ y el Grupo Artículo 24.
- Enterate por qué las escuelas comunes no pueden rechazar a ningún chico con discapacidad haciendo click acá
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