- Ingresa una apelación cada dos días en la Justicia federal, y en la provincial también confirman el incremento de casos.
- Entre otras peticiones, las innovaciones tecnológicas y las terapias costosas parecen desafiar al sistema sanitario
En lo que va de 2019, ingresaron en las dos secretarías
civiles de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba 171 amparos de salud, de los cuales 165 ya
fueron resueltos por ambas salas del tribunal. La tendencia ha sido creciente
en los últimos años: en 2018 se presentaron 156; en 2017 hubo un pico de 192;
en 2016 fueron 119 y en 2015, 112.Es una muestra de que el esquema de coberturas
del sistema
de salud deja flancos que posicionan a la Justicia como una
alternativa cada vez menos extraordinaria. La variedad de causas por las que se
acude a los tribunales es muy amplia, pero hay una cuyo peso en el total de
pedidos aumenta: la demanda de cobertura de medicamentos y tratamientos nuevos
o de origen en el exterior del país, cuyos costos representan un desafío para
las administraciones involucradas.
Los avances científicos están ampliando la
brecha entre los precios de fármacos o terapias convencionales y los innovadores,
entre los cuales están incluidos, por ejemplo, los medicamentos
biotecnológicos.
Las nuevas tecnologías siempre han representado
un dilema para el sistema sanitario, en el que se procura que el principio de
solidaridad se imponga por sobre los criterios económicos. Pero hoy la
dificultad parece mayor, por cuanto el acceso a la información –a través de
internet y otros medios–, así como el desarrollo de un vínculo directo entre
pacientes y laboratorios y prestadores de todo el mundo ha generado nuevos
requerimientos.
Esto
también se observa en la Justicia provincial. “Hay un incremento de ese tipo de
reclamos”, confirma Moisés David Dib, quien es titular del Comité Consultivo y
Operativo en Prácticas Médico-Sanitarias y Bioética del Poder Judicial
(Copramesab).
Para el especialista, hay varios factores que
influye n para que se verifique esa situación. “Por un lado, el desarrollo
tecnológico de los nuevos medicamentos y la fuerte influencia de la industria
en las decisiones de salud”, señala. Pero también cree que la crisis económica
que atraviesa el país es un determinante. “El aumento del número de personas
desocupadas y sin cobertura empuja a la salud pública a cubrir esos gastos que
a veces son muy onerosos”, afirma.
Remedios y problemas
Los nuevos fármacos representan un desafío que
parece poner en cuestión la estabilidad de las obras sociales y exige evaluar
otras alternativas para adquirir productos por los que a veces se demandan
millones de pesos.
Hugo Juri, médico y rector de la Universidad
Nacional de Córdoba, cree que una posible solución sería crear una ley de
seguro de enfermedades catastróficas, como la que ya recibió media sanción en
Chile.
La propuesta
contempla que cada trabajador destine un monto extra, proporcional al ingreso
mensual y a la composición familiar, a lo que paga por la obra social o
prepaga, a lo cual se sumarían aportes de los estados provinciales y nacional.
Sin embargo, Juri
cree que a esa medida habría que complementarla con otras acciones. “La primera
es que todos los países de la región discutan con las empresas farmacéuticas,
como lo ha hecho Europa”, sostiene. “Porque el procedimiento que utilizan estas
empresas es promover que los pacientes demanden el fármaco y presionen para que
las obras sociales o los estados firmen acuerdos de confidencialidad que
implican una reducción en los montos, pero que obligan a que todos los
pacientes reciban sólo ese medicamento”, añade.
Según Juri, otra
medida sería mejorar el sistema de control de tecnologías médicas, porque en la
actualidad –dice– la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (Anmat) “sólo aprueba los nuevos fármacos, en sintonía con lo
que dispone la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) de
Estados Unidos”.
Juri no cree que
los costos de investigación y desarrollo sean tan altos como para que estos
nuevos tratamientos tengan precios tan elevados. “Las empresas quieren
recuperar el dinero en un corto plazo. El costo promedio de una droga de nueva
generación es de dos mil millones de dólares, pero ya han superado los 100 mil
millones de dólares de ganancia”, ejemplifica.
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Para el rector de
la UNC, puede ser justo que un paciente reciba un medicamento costoso, pero no
es equitativo porque, con esos montos, afirma, es difícil que puedan acceder a
él todos los pacientes. “El verdadero costo de la salud es infinito. Nunca va a
alcanzar el presupuesto. Entonces, es un problema ético definir en qué se
destinan los fondos, pero no puede ser el juez el que lo defina”, asegura.
Claudia Salazar es
vocal de la Cámara en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación de Córdoba y
miembro de los comités ejecutivos de la Red Argentina y de la Red
Iberoamericana de Derecho Sanitario. Salazar sostiene que la judicialización de
los pedidos deriva en la inclusión de nuevos remedios y tratamientos en el
Programa Médico Obligatorio. Ante la evidencia de que los fallos tienen
consecuencias de largo plazo, considera que se debería evaluar el impacto
futuro de cada resolución judicial. “Me pregunto si se hace un análisis
económico de la incidencia colectiva que tienen esas decisiones”, señaló.
¿Precios justos?
Parece paradójico
que los avances científicos generen conflictos y posibles problemas sociales.
La industria de los laboratorios argumenta que los precios son justos, porque
lleva años de investigación y desarrollo producir un medicamento, al tiempo que
otros, como el propio Juri, afirman que es el marketing el que
termina elevando los montos. ¿Qué dicen al respecto quienes trabajan en el
descubrimiento de nuevas soluciones farmacológicas?
“Un científico no
puede incidir mucho en el precio. Los costos altos de estos medicamentos no se
asocian con la investigación básica o traslacional. Nosotros tratamos de
diseñar la mejor droga posible”, dice Gabriel Rabinovich, investigador superior
del Conicet y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Y agrega: “En este
momento de mucha rigurosidad científica, no podemos ahorrar en nada, porque lo
que se quiere es generar drogas confiables”.
Para el científico,
los costos se incrementan en las etapas de ensayos preclínicos y clínicos y es
allí donde se podrían reducir. “Ocurre que, de 100 potenciales fármacos que
llegan a una empresa, sólo uno arriba al mercado. Entonces, las compañías quieren
recuperar todos esos costos en el único medicamento que llegó al mercado”,
analiza.
Rabinovich, por
caso, está trabajando en nuevas terapias contra el cáncer. “Queremos que al
menos en Argentina tengan un costo racional, ya que toda la investigación se realizó
en nuestro país”, manifiesta. Y agrega: “Me angustia pensar que el desarrollo
de una droga no llegue a todos los pacientes que lo necesitan”.
Para el reconocido
científico, se necesita buena voluntad de la industria farmacéutica para
reducir esos costos, pero también cree que el Estado debería dialogar con el
sector privado para disminuir los precios.
Roles en juego
Pero no sólo hay
acciones legales por drogas y tratamientos nuevos y hasta disruptivos. También
hay, entre otras, solicitudes para coberturas de terapias con profesionales y
médicos fuera de cartilla y, en algunos casos, fuera del país.
Abogados y medios
de comunicación parecen ocupar roles clave en algunas de las demandas. Los
primeros son los que representan a pacientes o familiares en los tribunales.
Los más exitosos terminan especializándose en ese tipo de casos, lo que genera
el interrogante de si no son ellos quienes promueven los conflictos. Además,
algunos dan a conocer estas situaciones en los medios de comunicación, lo que
para algunos jueces podría implicar una presión.
El abogado Martín
Lucas afirma que hace 15 años que asesora a pacientes que acuden a la Justicia
y asevera que “nunca presentó un caso ante los medios”.
Lucas no cree que
esté en juego la sostenibilidad del sistema de salud por las presentaciones
judiciales. En ese sentido, recuerda que las empresas de medicina prepaga
actualizan frecuentemente el valor de las cuotas y dice que nunca ha visto a
una que quiebre. “Cuando hay un pago derivado de una orden judicial, sabemos
que ese dinero va efectivamente a la salud, del resto no estamos seguros”,
resume. Además, niega que la mayoría de los amparos se resuelva favorablemente
para el paciente.
Lo mismo cree
Salazar, quien recuerda que la Corte Suprema de Justicia ha emitido fallos en
los que ha sostenido que en los pedidos deben presentarse “fundamentos
razonables que sostengan jurídicamente la obligación de cobertura de las
prestaciones pretendidas”.
Sin embargo,
afirma, un punto crítico es que en la mayoría de los casos se otorgan tutelas
anticipadas; por ejemplo, la de exigir al Estado que financie una compra o una
práctica médica, aunque no se haya resuelto sobre la cuestión de fondo, la
medida sea apelada y siga su curso judicial. “Así, se anticipa la resolución
del caso”, apunta. Eso podría volverse en contra del propio paciente o de su
familia si, tiempo después, la Justicia da la razón al Estado u obra social, ya
que quien presentó el amparo deberá devolver el monto involucrado y con
intereses.
Alejandra
Beresovsky y Lucas Viano
Fuente La voz
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