Milei le dio “me gusta” a una publicación que retrataba a Torres con los rasgos de una persona con Síndrome de Down.
Guadalupe Bargiela, integrante de la organización Orgullo Disca, fue una de las tantas trabajadoras despedidas de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tiene 22 años y es ciega de nacimiento. «Esta decisión más allá de afectar a muchísimos trabajadores, afecta al colectivo en general«
«Es complejo porque se deja a las familias sin resguardo. Se deja al colectivo sin resguardo por la desprotección de un estado ausente, por el avasallamiento de todas las situaciones que a diario vivimos las personas con discapacidad. Menos gente, menos posibilidad de dar respuesta», planteó la joven.
“Ahora resulta que la casta son las personas con discapacidad -cuestionó-. Las personas trans a las que el INADI ayudaba. Son los jubilados. Son las personas pobres, migrantes, laburantes que toman trenes todos los días”.
Mencionó que la Agencia Nacional de Discapacidad es «un organismo rector de las políticas públicas vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad. Por eso, creemos que debe haber personas con discapacidad adentro. El hecho de que despidan trabajadores no habla solo de un despido al voleo sino de la discriminación hacia las personas con discapacidad«.
Bargiela comentó que las personas con discapacidad atraviesan constantemente situaciones conflictivas, como la falta de acceso a las pensiones. «A todos los embates económicos por las medidas de (Luis) Caputo y (Javier) Milei, se suma que el director ejecutivo de ANDIS no sabe de discapacidad pero tampoco recibe a las organizaciones, no las consulta. No las ve como un posible vocero en sus derechos. A las personas con discapaidad se nos relega a ser objetos de cuidados y no a plantear la política pública en discapacidad».
Por su parte, Luis Suero, director de Crearte (centro educativo y cultural para personas con discapacidad), también salió al cruce por la rescisión de los contratos en el organismo nacional. «En discapacidad, nunca sobra nadie. Siempre hay escasos recursos para atender toda la problemática a nivel nacional que es enorme», dijo Suero.
Recordó que según el último censo, el 12% de la población en Argentina tiene algún tipo de discapacidad. «Sin embargo, creemos que este número es mucho mayor y debe llegar al 15%», recalcó.
Señaló que desde 2008, cuando Argentina firmó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, «no hubo grandes avances en su implementación pese a que está incorporada al texto de la Constitución». «Y ahora el panorama es áun más desalentador. El primer amague del gobierno es poner de presidente de Andis al abogado de Milei cuya única experiencia en discapacidad es haber sido abogado de Milei. La segunda acción es despedir a más de 100 trabajadores de un área donde no sobra nadie. Es un panorama negativo», planteó Suero.
Recordó que además, el gobierno incumple el pago del transporte para aquellas personas que requieren transportarse a sus terapias o centros educativos. «Hablamos de un parate general: tampoco se conocen los nomencladores para lo que tiene que ver con la salud. El panorama es deslentador sumado a que el presidente usa figuras de personas de discapacidad como estandarte para burlas. Usa la discapacidad como una figura retórica peyorativa», concluyó.
Gabriela Otero y Silvia Devalle, de la organización El Brote, también repudiaron el ajuste en ANDIS.
«Lo que se hizo históricamente por el colectivo de las personas con discapacidad nunca estuvo a la altura de los tratados internacionales que nuestro país ratifica, de la Convención Internacional de Derechos y la legislacion vigente. No estamos al nivel de los compromisos asumidos. ¿Y encima desarmamos lo que hay? Algunos de los contatos que rescindieron eran de personas con discapacidad. Esto es contrario a una perspectiva de derechos y atenta contra el modelo social de la discapacidad», planteó Otero.
«¿Cuál es la propuesta alternativa? -se preguntó De Valle-. ¿Poner a las personas en situación de asistencialismo o de indignidad? Cuando hay una deuda social tan profunda como la que se tiene con el colectivo de discapadisad, ANDIS tiene esa función de equiparamiento. La van a reducir a una instancia puramente administrativa. Toda posibilidad de desarrollar políticas públicas para el colectivo van a desaparecer por falta de capacidad de gestión y de recursos», indicaron.
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